En un comunicado, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) señaló que ese pacto ilegal con la filial de las trasnacional canadiense First Quantum en año preelectoral solo es para «repartir sobres entre los políticos sedientos de plata».
Frenadeso condenó que el convenio por 20 años de concesión renovable por un periodo similar, solo es para explotar cobre, recurso mineral que pertenece a todos los panameños a cambio de miserias, devastación ambiental y la excavación de otros gigantescos cráteres dentro del Corredor Biológico Mesoamericano.
«No hay contrato. La minera no puede seguir operando ni exportando minerales, ni seguir robando con la complicidad del Gobierno y empresarios inescrupulosos», agregó ese texto, que instó al pueblo a estar alerta ante nuevas demandas.
Este miércoles el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció que se logró un acuerdo para reabrir la mina más grande de América Central, cuyas operaciones estaban paralizadas desde hace casi tres meses por diferencias sobre impuestos y regalías.
El pacto contempla ingresos mínimos anuales al Estado de 375 millones de dólares, 10 veces superior al monto anterior y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
El cese de actividades de la mina y del puerto vecino de Punta Rincón, en la provincia de Colón, amenazaba con dejar sin trabajo a unos ocho mil trabajadores directos y contratistas, lo que había generado protestas.
Por su parte, la directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian González, catalogó ese convenio como una herida de muerte a la institucionalidad y al patrimonio natural de Panamá y alertó sobre los daños ambientales que vendrían en los próximos 40 años.
González exigió a los órganos Judicial y Legislativo a actuar y ejercer el rol de balances y contrapesos ordenados por la Constitución.
El contrato acordado por las partes será sometido a consulta pública durante un período no preciso, luego será aprobado por el Consejo de Ministros, la Contraloría General y la Asamblea Nacional (parlamento ), antes de su promulgación por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
A juicio de ambientalistas, las ganancias prometidas nunca compensarán los perjuicios a las fuentes de agua y a la biodiversidad que tienen las 25 mil hectáreas de la concesión.
Sin embargo en sus primeras declaraciones, el titular del MICI, Federico Alfaro, aseveró que lo más importante es que este contrato es beneficioso para Panamá y los panameños, al tiempo que crea las condiciones necesarias para que la miera continúe sus operaciones bajo un entorno de inversión justo y equitativo.
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