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En marcha en Perú campaña contra práctica de criminalización política

Lima, 9 mar (Prensa Latina) Una campaña informativa fue iniciada hoy en Perú contra la acusación en falso, política y sobre todo mediática, de terrorismo, como forma de desacreditar o criminalizar luchas sociales o posiciones progresistas.

Este programa de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) promueve principios democráticos de tolerancia y no discriminación que son violentados por la práctica conocida como “terruqueo”.

La palabra deriva del término “terruco”, con la que militares y policías calificaban a los autores de atentados durante la llamada guerra interna y recobró vigencia contra líderes sociales, fuerzas de izquierda y movilizaciones de protesta, ante el resurgir de la izquierda en el terreno social y político.

La directora de Aprodeh, Gloria Cano, afirmó que, contra las actuales protestas que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, desde niveles oficiales y sectores políticos conservadores se utiliza el “terruqueo” para descalificar y hasta criminalizar las demostraciones de descontento.

Hasta en la sesiones del Congreso de la República, cuando el debate se torna intenso, desde las bancadas de derecha se oyen gritos de “¡terrorista!” contra las representaciones progresistas.

Cano indica que las desapariciones y torturas de hace décadas, han dado paso a la calumnia y la difamación. “El uso del terruqueo tiene mayores efectos que cualquier otro tipo de difamación, porque te aísla socialmente, te perjudica laboralmente, daña tu honor y dignidad, incluso abre la posibilidad de que se te inicie una investigación por terrorismo”.

Añade que la víctima del “terruqueo” se ve obligada a pagar un abogado que lo defienda y soportar prolongados procesos, lo que es muchas veces impedimento para que los afectados se defiendan y el delito de difamación quede impune.

Otra característica que agrava el “terruqueo” en su versión actual es el racismo, practicado junto a las burlas sobre los atuendos y costumbres de los indígenas, señala.

Este procedimiento se practica impunemente en las redes de Internet, sin el condicional de “sería” que usan medios de prensa para encubrir la práctica ilegal que llega a calificar directamente como terroristas a los indígenas andinos que protestan.

Eduardo Cáceres, investigador de Aprodeh, dijo que el Gobierno practica sistemáticamente el terruqueo institucionalizado y la campaña iniciada no se limitará a la difusión, pues las organizaciones de derechos humanos han decidido hacerle frente.

Destacó además como antecedente importante para esa lucha el proceso judicial por difamación agravada ganado por la exministra de la Mujer, Anahí Durand, a la periodista Milagros Leiva, que la había acusado de inclinaciones terroristas.

La campaña en marcha contra la versión local del macartismo prevé la difusión de breves videos con llamados de personalidades contra el terrorismo, la discriminación y el racismo.

Incluye medidas como ilustrar a las víctimas de “terruqueo” sobre sus derechos y sobre cómo denunciar a los calumniadores y la elaboración de un registro de difamados como supuestos terroristas para visibilizar internacionalmente el problema.

rgh/mrs

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