En conferencia de prensa, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, a cargo de esas negociaciones, subrayó que antes la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum pagará 395 millones de dólares por regalías de manera retroactiva, correspondientes al 2022, cuando acordaron los términos de ese documento.
El nuevo texto, dijo Alfaro en compañía del ministro de Ambiente, Milciades Concepción; y la titular de Trabajo, Doris Zapata, también restringe la extracción de los minerales a solo cobre y otros asociados del mismo, pues anteriormente la minera sustraía oro y plata en base a un primer contrato, de 1997.
Además se limita la servidumbre a zonas específicas que favorecerá las comunidades aledañas y establece un monto fijo de crédito fiscal por las infraestructuras construidas y no crear nuevas.
El funcionario explicó que se incluyen además cláusulas ambientales, para disminuir el impacto minero, y un aparato anticorrupción, que permite al Estado panameño terminar la concesión si se comprueban irregularidades y garantiza operaciones bajo estricta legalidad y con los más altos estándares de integridad y reglas éticas.
Además el nuevo contrato, según Alfaro, conserva los términos que ambas partes acordaron en enero de 2022, en particular el aumento de las regalías, que pasan de entre 2,0 a 5,0 por ciento a entre 12 y 16 por ciento, y significa un ingreso mínimo anual para el Estado de 375 millones de dólares, 10 veces más de lo aportado antes por la empresa, así como el pago de impuestos hasta ahora exentos.
Alfaro aseveró que el 50 por ciento de los fondos que se obtengan por las utilidades de la minera serán destinados al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, y otro 20 por ciento para elevar las jubilaciones y pensiones a 350 dólares mensuales.
Proyectos en municipios aledaños a la mina y la construcción y desarrollo de un instituto para docentes serán otroa objetivos que saldrán beneciciados, agregó.
Minera Panamá se ha comprometido además a iniciar la transición de su planta de energía de carbón hacia el mayor uso de fuentes de energía renovable, presentar un plan de cierre y programas de reforestación que incluya la restauración dentro de la huella del proyecto y fuera de este.
El texto deberá ser sometido antes a una consulta pública de 30 días, que no es vinculante, trascendió, por lo que el proceso es cuestionado por las organizaciones sociales y sindicales que señalan fue negociado a puertas cerradas, a espaldas del pueblo.
Para que entre en vigor, además, el contrato deberá ser avalado por la Contraloría General y la Asamblea Nacional (Parlamento), para que luego pueda ser suscrito y promulgado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Pese a estos anuncios, a lo que Zapata añadió garantías laborales para casi ocho mil empleados, la Central General de Trabajadores de Panamá convocó para mañana a la prensa para dar a conocer su posición en rechazo a este controversial contrato.
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