En una rueda de prensa, el jefe de Gobierno dijo que la medida obedece a que, según el Ejecutivo, las movilizaciones de protesta están disminuyendo en la ciudad y en la región del mismo nombre.
“Esta es una medida muy importante para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que entendemos que han pasado las condiciones y las consideraciones que nos llevaron a declarar en estado de emergencia a esta importante zona del país», expresó.
Otárola fue preguntado sobre las interpelaciones parlamentarias a los ministros de Defensa, Jorge Chávez, e Interior, Vicente Romero, por la represión a las protestas y las muertes, y a las que se sumó una moción de interpelación al titular de Educación, Óscar Becerra, por comentarios ofensivos sobre las mujeres andinas.
“El Gobierno quiere ratificar la voluntad de acudir al Congreso las veces que sea necesario para dar cuenta a la representación nacional sobre los actos, gestiones y decisiones que tomamos”, respondió.
Instó tácitamente a la mayoría congresal de derecha extrema y centro derecha, a mantener su apoyo al Gobierno, al dar al Parlamento el mensaje de que “estamos en una situación que requiere que sigamos en la perspectiva de consolidar el derecho a la paz y la tranquilidad”.
El propio Otárola es objeto de cuestionamientos desde ambos flancos; desde la derecha y desde la izquierda, que con distintos argumentos cuestionan su permanencia en el cargo.
Las bancadas progresistas sostienen que debe dejar el cargo por considerarlo responsable de las muertes en las protestas, por lo que es investigado por genocidio y otros delitos y por eludir la responsabilidad gubernamental en 66 muertes durante las protestas.
Los grupos congresales de derecha le reprochan no imponer con mayor rigor el orden ante las protestas, posición similar a la de la agrupación de ex altos mandos militares, que además lo acusa de negar la responsabilidad del Gobierno en la represión y cargarla solo a las Fuerzas Armadas.
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