El también líder del partido Ayiti an Aksyon (Haití en Acción) afirmó que el informe de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC) constituye una represalia por las investigaciones que realizó durante su paso por el Senado.
La ULCC publicó la semana pasada un informe en el cual reveló que, de octubre de 2017 a enero de 2020 el Tesoro Público emitió nueve cheques por un monto de dos millones 862 mil 472 gourdes (unos 18 mil 837 dólares) a nombre de Carmen Inmaculada Cantave, quien es la madre del exparlamentario y se desempeñaba como coordinadora de la oficina del entonces legislador.
Según la ULCC, al momento del contrato Cantave tenía 81 años y era enfermera jubilada, por lo cual carecía de las competencias profesionales requeridas para el cargo y los recursos físicos para llevar a cabo las tareas asignadas.
“Creo que la ley es una para todos. No tiene por qué perseguirme por 244 mil gourdes (poco más de mil 600 dólares) cuando los 30 senadores tenían derecho a ello”, dijo Latortue sobre quien también pesan sanciones de Estados Unidos y Canadá por sus supuestos lazos con el tráfico ilegal de drogas y relaciones con grupos armados.
Para el exsenador las acusaciones de corrupción están relacionadas con las investigaciones sobre Sofidai, Dermalg y Petrocaribe, que involucraron a altos funcionarios estatales.
“Es un apaleamiento político. No deben pensar que, por haber realizado investigaciones, debo ser perseguido”, afirmó.
No obstante, la ULCC estima que el empleo de Cantave era ficticio y se trataba de una estratagema utilizada por Latortue, quien entonces presidía el Senado, para desviar fondos públicos con fines privados y solicitó a las autoridades emprender acciones legales en su contra.
Además, la organización pidió que respondan a la justicia otros siete exsenadores de la última legislatura que se abstuvieron de declarar sus bienes ni al entrar ni al salir del cargo y recomendó la prohibición total del ejercicio de los derechos civiles, políticos y familiares en particular al sufragio y condición de elegibilidad en el plazo máximo previsto por la ley.
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