De acuerdo con el presidente de la Asociación Bancaria de la nación istmeña, Otto Wolfschoon, es posible cumplir con las dos acciones pendientes para lograr ese propósito.
De 15 medidas, a saber, el país centroamericano aún debe concluir conlos registros de beneficiarios finales, que supervisa la Superintendencia de Sujetos No Financieros; y mostrar la capacidad del Ministerio Público de investigar delitos de evasión fiscal proveniente del extranjero y lograr sentencias.
Para Wolfschoon también es vital mantener el grado de inversión, salir de las listas grises, y colocar las bases para solventar los problemas de la Caja del Seguro Social, lo cual propicia un mejor ambiente para seguir creciendo al igual que la banca.
Además destacó que son positivas las perspectivas, de lo cual es muestra los resultados del Centro el año pasado, con un incremento de los activos en 5,0 por ciento y el alza en la cartera de créditos de 12 por ciento.
Por su parte, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, aseveró que en el proceso cara a cara que tendrá lugar en mayo próximo se puedan mostrar nuevos avances con el registro de los beneficiarios finales.
El funcionario reiteró que el Gobierno insistirá en invitar a los representantes del GAFI al país, para que puedan verificar de primera mano que se ha cumplido con el plan de acción.
Según explicó antes Almengor a la prensa, en el calendario de evaluación que se realiza en septiembre próximo, se espera que los avances se reconozcan y permitan la exclusión del istmo de las listas grises del GAFI.
Luego de salir de ellas en 2014, en junio de 2019, el país fue nuevamente incluido en la lista gris del GAFI y la administración del presidente Laurentino Cortizo asumió el compromiso de cumplir con el plan de acción establecido por el organismo multilateral.
En esta ocasión, GAFI lanzó una advertencia a Panamá porque, aunque ha habido avances en lo que se refiere al dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en particular con sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias», no ha cumplido con varias medidas para las cuales se fijó inicialmente de plazo hasta enero de 2021.
De no completar el plan de acción, se evaluará la conveniencia de que los miembros del GAFI y el resto de jurisdicciones refuercen la supervisión, con lo que eso supone de restricción de las relaciones de negocio y las transacciones con Panamá.
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