En un comunicado divulgado en conferencia de prensa, centrales sindicales, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense y agrupaciones obreras de varios sectores cuestionan los términos de la convocatoria y señalan que habrían participado del proceso, si previamente se hubieran pactado, entre las partes, las reglas del diálogo.
En segundo lugar, estiman, que el objeto del proceso debe enfocarse a reformar, integral, sustancial y estructuralmente la referida norma, pero además que el dialogo incluyera, de manera urgente, la modificación del Decreto que reglamentó la Ley Marco de Empleo público.
Finalmente, señalan que de manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.
Las organizaciones sindicales deploran que en la apertura del proceso el gobierno anunció ‘las reglas de oro’, imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, en especial aquellos más polémicos y que son rechazados por los empleados públicos.
Es decir, denuncian, el Poder Ejecutivo pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la Ley y el Reglamento -que entraron en vigor el pasado día 10- que se vuelven finalmente contra el Estado Social y Democrático.
Con ello, sostienen, el Gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo.
Adelantan que recurrirán a todas las instancias nacionales e internacionales, a las acciones de protesta social y movilización que corresponda en defensa de la institucionalidad y los servicios públicos de salud, las condiciones laborales y salariales de las personas funcionaria públicas y del Estado Social y Democrático.
Las agrupaciones obreras ticas alertan a las fracciones legislativas que el proyecto de reforma de Ley de Empleo Público que les presenten de ese proceso de diálogo totalmente deslegitimado será simplemente la propuesta de Casa Presidencial por intermediación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
«Ratificamos nuestra oposición a la contrarreforma social y laboral y denunciamos que la posición del gobierno atiza un conflicto social y laboral de grandes proporciones, que en la práctica será inevitable, cuya responsabilidad será exclusivamente del Poder Ejecutivo», concluye el texto sindical.
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