Esta transición permitirá a Trinidad y Tobago, así como a Antigua y Barbuda aprovechar los recursos oceánicos para su desarrollo y, al mismo tiempo, proteger eficazmente el medio marino, según la investigación elaborada por la Secretaría de la Commonwealth.
La evaluación rápida ofrece una imagen clara de las políticas, los marcos jurídicos, los sistemas y el panorama social existente y de cómo éstos facilitarían el cambio, explicó el asesor principal del programa de la Carta Azul, Jeff Ardron.
También identifica las lagunas y esboza recomendaciones para las próximas acciones e incluye los tipos de recursos necesarios, abundó el experto de la entidad con sede en Londres, Reino Unido.
La economía azul de Trinidad y Tobago está conformada principalmente por su sector del petróleo y el gas, además del turismo y la pesca, ejemplificó, por su parte, la jefa de la división de Medio Marino y Agua Dulce del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Leticia Carvalho.
En el caso de este Estado de la Caricom, el estudio puso de relieve la necesidad de avanzar rápidamente en la elaboración de legislaciones oceánicas más integradas e intersectoriales, aparte de un compromiso de alto nivel para canalizar los recursos.
En Antigua y Barbuda, el Gobierno reconoce los beneficios del cambio e indicó la concreción del proyecto de Política Oceánica Nacional, pendiente de revisión y aprobación, destacó el texto.
La transición total no es sencilla, pero, como demuestra la evaluación rápida, merece la pena, subrayó la especialista de esta nación en el tema, Ann-Louise Hill.
La economía azul aborda el uso, la gestión y la conservación sostenible de los recursos marinos a través de actividades que propician el desarrollo económico y la mejora de los medios de vida, a la vez que preservan la riqueza de la biodiversidad de las zonas afectadas.
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