La legislación, que ya de por sí aportaba controversia, incluía cambios que facilitan la deportación de los solicitantes de asilo que no habían tenido éxito, algo que fue muy criticado por los grupos de derechos humanos.
Esta postura crítica aumentó después de la muerte en marzo de Wishma Sandamali, de 33 años, en un centro de detención de inmigrantes.
Sandamali fue detenida por quedarse más tiempo de su visa después de buscar protección policial, supuestamente para escapar de una relación abusiva.
Según los informes, Sandamali se quejó repetidamente de dolor de estómago y otros síntomas, a partir de enero, y los activistas alegan que no recibió la atención médica adecuada.
La causa de su muerte no se ha revelado oficialmente, y el Gobierno rechazó por razones de seguridad publicar imágenes de vídeo del estado de la mujer en las instalaciones.
En respuesta, la oposición se negó a debatir el proyecto de ley de inmigración y el partido gobernante anunció que abandonaría la legislación para aliviar las tensiones parlamentarias.
Japón acepta solo alrededor del uno por ciento de las solicitudes de refugio que recibe, y a menudo detiene a los migrantes durante largos períodos mientras se procesan sus casos.
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