La moción de vacancia, presentada por las bancadas progresistas, plantea que la mandataria debe ser destituida por el Parlamento como responsable política de la primera oleada de muertes registradas en diciembre último durante protestas en su contra.
El primer ministro, Alberto Otárola, expresó confianza en que la moción será rechazada y el congresista de izquierda Flavio Cruz reconoció que es muy posible la propuesta no alcance los 52 votos congresales (40 por ciento del total) necesarios para que el pleno pueda debatirla.
Además, integrantes de la mayoría congresal que apoya a Boluarte han adelantado que no votarán por la vacancia porque la coyuntura no es propicia o porque rechazan a la izquierda.
Sin embargo, las acusaciones a Boluarte, de que recibió financiamiento electoral, como candidata a la vicepresidencia, tienden a complicarse, pues hoy el Ministerio Públicoamplió a ese tema una investigación en marcha a ella, a Castillo y al empresario Henry Shimabukuro.
La pesquisa considera posible que los indagados hayan cometido delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal, que habrían sido cometidos en el proceso de los comicios de 2021, ganados por Castillo.
La medida se suma al pedido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a Shimabukuro y la excolabradora de la campaña de la actual presidenta, Maritza Sánchez, de que le presenten información sobre los aportes irregulares que afirman recibió la entonces candidata.
Ambos presentaron comprobantes de pagos, así como mensajes de texto telefónicos y hasta un registro de audio que contradicen la versión de Boluarte, de que Shimabukuro y Sánchez no formaron parte de su equipo electoral.
Ante el anuncio del Ministerio Público, la Presidencia de la República informó que la jefa de Estado “saluda que la Fiscalía haya iniciado una investigación respecto a declaraciones de personas del entorno de Pedro Castillo sobre supuesto financiamiento a la campaña electoral”, con lo que insistió en su versión.
“Las investigaciones harán que las personas que vienen declarando en los medios de comunicación respondan con la verdad, entreguen las pruebas y señalen quiénes y cómo recibieron supuestos aportes y cómo estos fueron administrados” agrega el informe oficial. rgh/mrs
