De acuerdo con el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, la norma data de 1963 y rige la mayoría de las actividades relacionadas con los depósitos minerales, incluida la instalación de un régimen para otorgar concesiones de exploración y producción a particulares.
En marzo último, el Ejecutivo y la subsidiaria Minera Panamá alcanzaron un acuerdo que sometieron a consulta pública hasta el 22 de abril próximo , aunque no vinculante , lo que ha destapado críticas de organizaciones sociales, que denuncian negociaciones a espaldas del pueblo.
Según Alfaro, el acuerdo se logró tras más de un año de negociaciones y discusiones, y el texto refleja los mejores intereses para el país, no solo en la parte económica y fiscal- se garantiza que la minera entregue anualmente 375 millones de dólares al Estado por regalías- , sino en los límites a la extracción.
“El contrato de concesión anterior le permitía a la empresa extraer cualquier tipo de material, pero el nuevo lo limita solo al cobre y a sus minerales asociados”, remarcó el funcionario.
Alfaro dijo que el reciente acuerdo establece una nueva fórmula de regalías, más beneficiosa para los panameños que el anterior contrato de concesión de 1997.
En ese sentido resaltó de recibir entre 2,0 y 5,0 por ciento en función de la ganancia bruta por la explotación del cobre, ahora el Estado conseguirá de 12 a 16 por ciento; y, adicional, la minera pagará impuesto sobre la renta, dividendos y remesas y por compras.
El Gobierno también había adelantado que de los fondos que aporte Minera Panamá, el 50 por ciento se dedicarán al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, en quiebra por falta de liquidez.
El ministro agregó que Panamá tiene todo el potencial para convertirse en un país minero, de la talla de otros como Chile y Perú, pero para ello tenían que elevar los estándares y asegurar que cuentan con las reglas para que la extracción y explotación de recursos minerales se correspondan con los estándares internacionales.
Tras la consulta ciudadana del contrato ese texto debe ir a la Asamblea Nacional(parlamento) para su discusión en el mes de julio; y, de aprobarlo, lo promulgaría el presidente de la República, adelantó Alfaro.
Sobre el asunto el abogado Antonio Saldaña recordó que en 2017 la Corte Suprema de Justicia catalogó como inconstitucional el contrato con Minera Panamá, dictamen que se viola en las negociaciones más recientes.
En un artículo publicado en el diario Bayano Digital, Saldaña aseveró que esta anomalía se materializaría si no hay rechazo a los ripios jurídicos, “negociados” por malos panameños, que anteponen “el sonido de sus cajas registradoras” o el de los bolsillos llenos de dólares americanos, a los intereses nacionales y del pueblo en general, indicó.
De su parte, el analista Ramiro Guerra consideró inequitativo el acuerdo e instó a los diputados a desaprobarlo en las deliberaciones plenarias futuras.
Mientras , ambientalistas como Raisa Banfield exigen al Gobierno que intervenga Minera Panamá, que viola la orden dada desde diciembre del pasado año de cese de operaciones comerciales.
Voceros de organizaciones sociales calificaron de improcedente cualquier negociación que emprenda el Ejecutivo con la minera, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional hace cinco años.
También autoridades del Ministerio de Ambiente señalaron a la empresa por incumplir políticas como la reforestación de áreas protegidas.
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