La iniciativa tuvo una buena cantidad de modificaciones en la cámara alta introducidas por el Ejecutivo y varios legisladores con el propósito de establecer límites al concepto de “Legítima defensa privilegiada”, el cual podría derivar en la impunidad de los agentes.
Finalmente se logró un acuerdo para atemperar el texto ya aprobado por los diputados y se estableció considerar el uso racional de las armas sólo cuando se impide o repele una agresión que podría afectar gravemente la integridad física o la vida del policía o de un tercero.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo estar satisfecho por el resultado y recalcó que la legítima defensa procede cuando se trata de salvar vidas en peligro, pero no en el caso de proteger bienes.
Otro aspecto discutido fue la retroactividad en el caso de carabineros que cometieron crímenes y la responsabilidad de los altos mandos de las instituciones armadas por eventuales delitos.
La ley se aprobó con 40 votos a favor y cinco senadores estuvieron en contra, entre ellos Fabiola Campillai, quien perdió la vista, el olfato y el gusto y sufrió graves fracturas en el rostro y cráneo debido a la brutalidad policial durante el estallido social de 2019.
También se opuso Daniel Núñez, del Partido Comunista, quien criticó que en las sesiones no se escuchó a los directamente afectados, como los carabineros y la Policía de Investigaciones, y tampoco a los expertos en la materia.
Núñez consideró insólita la ausencia de opiniones de organismos especializados, entre ellos la Asociación de Magistrados, la Defensoría Penal Pública e incluso la del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La normativa fue despachada este miércoles de nuevo a la cámara de diputados, donde se realizará un tercer trámite legislativo para analizar los cambios hechos en el senado y, de ser necesario, formar una comisión mixta encargada de su aprobación definitiva.
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