En este expediente la máxima autoridad ejecutiva cruceña es investigada bajo sospecha de los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
La Fiscalía pidió que, mientras se desarrollen las pesquisas, Camacho permanezca detenido preventivamente por seis meses en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, donde está arrestado desde hace 100 días por ser uno de los principales acusados en el proceso Golpe de Estado I.
En este caso se investiga el complot que forzó en noviembre de 2019 la renuncia del entonces presidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertes, cientos de heridos y miles de apresados y torturados ilegalmente.
Respecto al proceso denominado Carro de Bomberos, la Fiscalía inició las averiguaciones luego de un incendio que arruinó a más de un millar de gremialistas en el Mercado Mutualista cruceño la noche del 31 de julio de 2022.
La madrugada del 1 de agosto, el Gobernador llegó al escenario del siniestro y los comerciantes lo increparon por la falta de condiciones para combatir incendios de esa magnitud.
En esas circunstancias, Camacho respondió que la Gobernación solo cuenta con carros cisternas y no carros de bomberos.
Ante esa confesión, asambleístas departamentales denunciaron que en octubre de 2021 aprobaron el presupuesto de 1,7 millones de bolivianos (unos 243 mil dólares) para comprar un vehículo de lucha contra fuegos.
Rolando Cuéllar, diputado por el Movimiento al Socialismo, presentó el caso ante el Ministerio Público y reveló que la gobernación cruceña rubricó el 28 de enero de 2022 un contrato para la adquisición en México de ese medio de transporte, y que su entrega estaba prevista para el 27 de junio, sin que esta se concretara.
De acuerdo con el denunciante, presuntamente ocurrió una contratación irregular porque el medio motorizado se compró por invitación directa y no mediante licitación pública.
El Gobernador decidió disolver el contrato con la justificación de que el plazo de entrega fue incumplido por parte del proveedor, sin embargo las pesquisas continuaron.
Camacho también encara otra investigación judicial por la aprobación de un decreto departamental para dejar como gobernador durante un viaje a Brasil a un secretario de su confianza, sin tener en cuenta la autoridad que confiere el Estatuto Autonómico al vicegobernador.
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