El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior precisó que pagará 150 mil soles (40 mil dólares) a quien brinde información que permita la captura del autor del crimen que en la noche del viernes último asesinó al líder histórico asháninka.
El asesino tocó la puerta de la vivienda, en la localidad de Rio Tambo de la provinvia de Satipo, en la región andino-amazónica de Junín, y cuando tuvo al frente al dirigente, le disparó en la cabeza y escapó junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta.
Tras lo sucedido, la Central Asháninka de Río Tambo (CART) emplazó al Gobierno a dar explicaciones por la desprotección a los líderes originarios, pese a constantes denuncias de su organizaciones, de amenazas y ataques por oponerse a actividades depredatorias de la Amazonía, su hábitat ancestral.
La central destacó la trayectoria del occiso en la defensa del territorio de la Gran Nación Asháninka, como integrante del Comité de autodefensa de la CART, frente a las acciones criminales de narcotraficantes y taladores ilegales de árboles.
Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Cultura, que tratan los temas indígenas, condenaron el nuevo crimen, que elevó a 21 el total de nativos defensores de amazonía asesinados desde 2012 y ofrecieron apoyo legal a la familia de Contoricón.
Sin embargo, la CART señaló que esos ministerios y el del Interior fueron informados de las amenazas contra Contoricón, pero no tomaron medidas para evitar el asesinato.
El coordinador de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, Cline Chauca, aseveró que el Gobierno, el Parlamento y las autoridades regionales, judiciales y municipales, saben de los peligros que corren los líderes nativos, pero no hicieron nada para impedir los crímenes.
La CART atribuyó el asesinato de Contoricón a su papel en las operaciones de las organizaciones de autodefensa que lograron capturar varias toneladas de cocaína que entregaron a la Policía.
El pronunciamiento exige además el retiro inmediato de los oficiales de la base fluvial de la Marina ubicada en Puerto Ocopa, porque, afirma, no brindan seguridad a la población nativa y permiten el paso de embarcaciones que trasladan cocaína y sustancias químicas usadas para producirla.
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