Este proyecto de ley establece además los mecanismos de ataduras a la justicia ordinaria y el desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, señala la fuente.
A la par, contempla que a los jefes o cabecillas de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto se les imponga una pena de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario de seis a ocho años, de acuerdo al grado de responsabilidad individual.
Esas personas tampoco tendrán derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo o estudio; y un periodo de cuatro años de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.
Tiene en cuenta además el proyecto la protección de los cultivadores de la hoja de coca –el eslabón más débil de la cadena– a través de una estrategia integral que, a su vez, descriminalice su actividad.
Durante el encuentro presidente Petro y el Fiscal General acordaron mesas técnicas para un trabajo conjunto y se reafirmó el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.
Otro de los temas en la agenda constituyó el proyecto de ley dirigido a modernizar y humanizar la política criminal y penitenciaria para que las cárceles se conviertan en espacios de vida, educación, dignidad, oportunidades, arrepentimiento y reparación a las víctimas. El Jefe de Estado y el Fiscal pactaron fortalecer esfuerzos en materia de operaciones de interdicción, refrendaron continuar las reuniones semanales encaminadas a consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas.
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