La iniciativa vista como una herramienta para enfrentar delitos como el narcotráfico y la corrupción encuentra tropiezos diversos desde hace dos años y por estos días aún se debate en una mesa técnica que dirige la diputada oficialista Corina Cano.
En las deliberaciones no hubo consenso para incluir los delitos contra la administración pública en el proyecto de ley 625.
Riggs indicó que en estos momentos la mesa técnica debate aspectos procesales que generan dudas a los abogados, que sienten que debe haber mayor claridad, especialmente para quienes ejercerán una defensa legal.
Las propuestas de modificación presentadas son momentáneas, no aterrizan y solo dilatan la discusión del proyecto, remarcó el funcionario para indicar que la preocupación de los proponentes es que el tiempo invertido en la discusión, finalmente quede en nada.
Detalló que entre los aspectos procesales que han estancado el debate, están: las nulidades en caso de que hayan objeciones por parte de la defensa en torno a como se inicia el proceso de extinción de dominio y las pruebas que deben presentarse por parte de la Fiscalía.
Además cuestionan los tiempos de investigación y la jurisdicción especial, que si estará en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público.
“La Asamblea Nacional tendrá la responsabilidad de definir si se va a generar una jurisdicción completamente nueva, tipo Tribunal de Cuentas, o determinar si se le va a permitir al Órgano Judicial y al Ministerio Público incorporar en su estructura orgánica la figura del juez de extinción y del fiscal de extinción de dominio”, precisó.
Sobre esta norma el propio titular de Seguridad Juan Manuel Pino dijo a la prensa que, de sancionarse, el 80 por ciento de lo incautado será para obras sociales, de ahí la importancia de la existencia del instrumento jurídico para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros delitos asociados al crimen organizado.
Pino llegó a señalar que de retirarse la ley, significaría un tiempo más para su elaboración y estarían contra reloj debido a que esta administración termina en junio de 2024.
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