De implementarse, la determinación de Motsoaledi implicaría que unos 178 mil zimbabwanos pudieran ser retornados a su país, desde Sudáfrica, de manera forzosa tras no serles extendidos los llamados Permisos de Exención de Zimbabwe (ZEP).
La ZIF busca medidas del Tribunal Superior de la central provincia de Gauteng, en Pretoria, para para garantizar que esos ciudadanos de Zimbabwe no sean deportados o arrestados “prematuramente”, argumentando derechos constitucionales de los titulares de los ZEP.
Entre 2008 y 2009, durante la crisis económica y política en Zimbabwe, muchos de los ciudadanos de esa nación emigraron a Sudáfrica.
En ese entonces el gobierno sudafricano decidió crear una exención general para que los zimbabwanos pudieran obtener permisos para vivir y trabajar legalmente en el país.
Éstos se ampliaron posteriormente con otra autorización de residencia, la conocida como ZEP.
Ahora, acorde con la decisión de Motsoaledi, a partir del venidero 1 de julio, los titulares de ZEP estarían ilegalmente en el país y solicitar asilo no sería una solución.
Al respecto, el abogado Thembeka Ngcukaitobi, quien representa a mil de los ciudadanos de Zimbabwe afectados, explicó que si los titulares de permisos fueran deportados, serían separados de sus hijos que asisten a la escuela en Sudáfrica.
Otros, agregó, perderían trabajos y negocios tendrían.
Sin embargo, el abogado Sean Rosenberg, del ministerio del Interior sudafricano, dijo que a lo largo de 2021 los titulares de los ZEP sabían lo que sucedería, y algunos incluso tendrían derecho a permisos de solicitantes de asilo en Sudáfrica.
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