Las críticas apuntan al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, respectivamente dirimente de controversias y organizador de los comicios y del cómputo.
Un grupo de 10 parlamentarios del sector derechista de la bancada del partido Acción Popular (AP) presentaron una moción que demanda la denuncia de Salas por una campaña que le imputa su desempeño como dirigente estudiantil ‘de izquierda radical’.
Otra acusación de la campaña de medios de prensa de derecha extrema señala a Salas porque como abogado defendió a ‘terroristas’, aunque él ha aclarado que fue contratado hace 30 años por la Iglesia Católica para defender a condenados injustamente por ese delito.
Los legisladores derechistas piden además al Ministerio Público y al Poder Judicial para que investiguen a Salas.
Sin embargo, según refiere el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Villalobos, los miembros del JNE no pueden renunciar ni ser retirados durante los procesos electorales.
De otro lado, el semanario Hildebrandt en sus 13 cuestionó la confiabilidad del jefe de la ONPE, al señalar que Corvetto trabajó para un integrante del equipo técnico de Keiko Fujimori, Fernando Rospiliosi, como funcionario de inteligencia, cuando este era ministro del Interior del gobierno neoliberal de Alejandro Toledo.
Corvetto se solidarizó con Salas y dijo que como él, es víctima de ‘ataques contra la institucionalidad electoral’, que buscan crear inestabilidad contra los resultados de la segunda vuelta.
Por otra parte, un pedido de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú, integrada por altos oficiales retirados, pidió al presidente Francisco Sagasti que modifique la ley electoral para que se entreguen copias de las actas electorales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, alegando irregularidades en la primera vuelta del 11 de abril.
El pronunciamiento solicita además al mandatario que movilice a las Fuerzas Armadas y la Policía ante supuestos aprestos de partidarios de Castillo, de manifestaciones de protesta y desórdenes, para el caso en que él perdiera el balotaje del 6 de junio.
El analista Percy Medina dijo que el Presidente no puede entregar las actas electorales a los militares porque la ley no lo permite y el jurista Roberto Pereyra calificó la carta de los exmilitares de alta graduación como desproporcionada e irresponsable, pues ‘promueve escenarios de enfrentamientos armados’.
Pereyra añadió que el mandatario carece de facultades para modificar las normas electorales y tampoco puede hacerlo el Parlamento, pues está prohibido modificarlas en pleno proceso.
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