Para el Ministerio de Seguridad (Minseg), institución que entregó esa propuesta sujeta a diversas reformas, la herramienta es vital para la lucha contra el brazo financiero de delitos asociados al crimen organizado, como el narcotráfico, de ahí el alerta de que se aproveche la gestión de la actual administración que vence en 2024.
El borrador base para la discusión del primer debate , entregado por una comisión técnica que encabezó la diputada Corina Castro, encontró los primeros detractores pues no contempla los delitos contra la Administración Pública, o corrupción, contrario a lo que buscaba el Minseg.
En cambio se incluyó la extinción de bienes producto del narcotráfico, trata de personas, terrorismo, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual, comercial y pornografía con menores de edad, homicidio o sicariato, tráfico de órganos, tráfico de armas, pandillerismo y blanqueo de capitales , cuando derive de alguno de los anteriores.
Si se aprobara el texto con los delitos mencionados, si en el futuro surge un escándalo similar al de la constructora brasileña Odebrecht, por el pago de sobornos, esta jurisdicción no podrá extinguir los bienes de los señalados, según abogados.
Para el Minseg, lo indispensable se centraba en luchar contra el narcotráfico y crimen organizado, pero sin perder de vista que las ganancias de esta actividad les sirven para corromper a funcionarios.
De otra parte la nueva redacción de la ley decanta en un Fiscal Especializado en Extinción de Dominio la función de investigación del origen de los bienes, mientras que el original asignaba al Procurador General de la Nación como el encargado, como otra de las contradicciones.
Además otra incógnita es la jurisdicción patrimonial que según se señala recaerá en un Tribunal especializado y será de carácter administrativo, civil, judicial y sancionatorio autónomo a cualquier otra jurisdicción de las conductas delictivas contempladas en la ley.
En un inicio, el Minseg sugirió que la jurisdicción esté bajo el paraguas del Ministerio Público y del Órgano Judicial con la intención de contar con fiscales y jueces especiales.
También el proyecto prevé que otro Estado puede solicitar la extinción de un bien en Panamá.
Antes el propio titular de Seguridad, Juan Manuel Pino había aseverado ante la prensa que de aprobarse la ley de extinción de dominio, el 80 por ciento de lo incautado será para obras sociales.
En ese sentido llamó al sector privado, a la Fiscalía, al Órgano Judicial y la cartera de economía, entre otras instituciones, a seguir este tema.
Presentada en abril de 2021 ante el parlamento, la ley pasó por tercera ocasión del debate en plenaria al análisis en una subcomisión técnica, lo que algunos observan como un obstáculo a un instrumento clave para debilitar las operaciones del crimen organizado.
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