Encabezados por el nuevo titular de esa estructura representativa de los grupos de poder cruceños, Fernando Larach, su vicepresidente, Stello Cochamanidis, y el exlíder cívico Rómulo Calvo, los marchistas opositores caminaron desde la antigua terminal de La Ramada hasta la plaza principal 24 de Septiembre.
En ese lugar y ante el reducido número de seguidores en comparación con los miles de personas que apoyaron el paro de 36 días de octubre y noviembre de 2022 con la consigna de “Censo 2023 sí o sí”, Larach criticó al proyecto de Ley 280, el 304 y 305, con el pretexto de que “criminalizan” el derecho a la protesta y constituyen una “mordaza”, respectivamente.
“Convocar a marchas y movilizaciones es anticipar y prejuzgar la materialización de una norma que no está surtiendo efectos y lo único que buscan es alterar el orden jurídico, crear zozobra e inseguridad y sembrar especulación a partir de amenazas de dirigentes que convocan a salir a las calles como si las normas estuvieran vigentes”, aseguró el analista Franklin Gutiérrez en referencia a esos acontecimientos.
Resaltó que las normas observadas no fueron sancionadas y obedecen al procedimiento de proyectos normativos de orden constitucional y compromisos internacionales suscritos por Bolivia con países que combaten el contrabando, las ganancias ilícitas y protegen los derechos humanos.
Portavoz de la Federación de Gremialistas, Felipe Flores comentó en declaraciones al canal Bolivia Tv que el proyecto de Ley 280 no afecta a los comercios pequeños y medianos, sino a aquellos negocios ilegales de narcotráfico y contrabando, entre otros.
Consideró importante que la norma sea socializada con las bases del sector.
Rodolfo Mancilla, dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, aclaró que el debate en la cámara legislativa del proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas se encuentra suspendido y está en plena socialización con el sector.
Anticipó que la próxima semana se desarrollará un ampliado nacional para analizar la norma y definir la posición del sector.
Mancilla criticó las movilizaciones contra el proyecto de ley porque su tratamiento en el Legislativo está suspendido y se lo empezó a socializar con los sectores de comerciantes y transportistas, entre otros.
Al respecto expresó su preocupación por los nuevos intentos de desestabilización del Gobierno, promovidos por supuestos dirigentes, quienes en noviembre de 2019 apoyaron el golpe de estado que impuso al gobierno de facto de Jeanine Áñez, y hoy defienden a terroristas y narcotraficantes.
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