Queremos una mejor Costa Rica para las próximas generaciones, y solo luchando contra la criminalidad es que lo vamos a lograr, afirmó Chaves en el anuncio de la Operación, efectuado en la capitalina Plaza de la Democracia, donde el 1 de diciembre de 1948 el expresidente José María Figueres Ferrer abolió el ejército.
Yo quiero que la gente pueda andar tranquila en la calle, que los chiquitos vayan al parque de forma segura, que los jóvenes vayan a los centros de estudio sin el miedo de que en cualquier momento puedan quedar en medio de una balacera, subrayó.
Nuestra prioridad es la seguridad, y vamos a enfocar esfuerzos y recursos en lograrlo, exaltó el mandatario tico, quien posteriormente se trasladó a la Asamblea Legislativa, contigua a la Plaza, para entregar cinco proyectos legales y una reforma constitucional para combatir la delincuencia.
El ministro de Seguridad Jorge Torres reveló una serie de medidas en ese sentido como la presencia en las calles de nueve mil 500 agentes de la Fuerza Pública, la apertura de un reclutamiento extraordinario de otros 400 policías y la entrega de un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa para contratar otros 300 efectivos.
La construcción del primer Centro de Mando y Control de la Región Centroamericana que reunirá tecnología de punta a disposición de la policía y asumir el costo de una póliza que cubrirá los eventuales costos legales y la responsabilidad frente a terceros en el ejercicio de las funciones de los cuerpos policiales del Ejecutivo son otras medidas.
De su lado, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, indicó que fortalecerán la Operación Policial Sostenida, que a la fecha da como resultado el decomiso de más de dos mil celulares y catorce mil armas blancas en los distintos centros penales del país.
Sobre los proyectos de ley, Campos mencionó la propuesta de reforma constitucional que permitirá la extradición de costarricenses por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, y la relacionada con resguardar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad.
Asimismo, las otras propuestas legales están referidas al control de armas, la modernización de la intervenciones telefónicas, a adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad, violencia y delincuencia organizada y a que los privados de libertad violentos permanezcan en la cárcel.
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