El exgobernante (2001-06) llegó en un vuelo comercial y bajo la custodia de tres policías norteamericanos, desde el aeropuerto de la ciudad de San Francisco y no bajó del avión por la manga de desembarco junto a los demás pasajeros, sino por la escalinata, junto a los policías estadounidense.
Al pie de la aeronave, el jefe de la Policía Nacional, general José Luis Angulo, encabezó el recibimiento, y Toledo, esposado, quedó en manos de dos uniformados peruanos que lo tomaron de los brazos y el grupo abordó un autobús hasta el edificio de la terminal.
Después del trámite migratorio, el exgobernante pasó a la oficina policial de la terminal aérea, mientras un helicóptero esperaba para trasladarlo a la cárcel para altos funcionarios ubicada en el este de la ciudad, pues está vigente una orden judicial de prisión preventiva por 36 meses debido a su negativa a comparecer ante la justicia.
Un puñado de seguidores, entre ellos quien fuera ministra de Trabajo, aguardaba en las cercanías, al borde de la avenida en la que se ubica el aeropuerto, con carteles de apoyo al extraditado.
El abogado del expresidente, Roberto Su, lanzó críticas a quienes señalan a Toledo como seguro culpable de recibir un soborno de 35 millones de empresas brasileñas por una obra vial, pago confirmada por quienes le pagaron y por quien fue intermediario de la coima.
Sobre el anuncio de Toledo, de que pedirá cumplir arresto domiciliario, el letrado dijo que aguardará el informe de los médicos que verificarán el estado de salud de Toledo, quien ante su inminente extradición dijo en un mensaje televisivo que sufre de secuelas de cáncer.
Otro pequeño grupo de seguidores esperaba la llegada de Toledo al penal que lo albergará en prisión preventiva, la cual puede convertirse en un encierro de 20 años, pena que pide para él la Fiscalía.
El trámite de extradición se inició en septiembre de 2017, después de que Toledo se negara reiteradamente a regresar de Estados Unidos a comparecer en las audiencias de la investigación de la Fiscalía por colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, pese a que alardeaba de que jamás rehuiría a la justicia.
El exgobernante neoliberal tiene pendiente además un proceso por lavado de activos por haberse comprobado que parte del dinero del soborno la colocó en empresas de Panamá y Costa Rica a nombre de empresas que adquirieron para él dos costosos inmuebles en Lima.
En 2003, su negativa a pagar la comisión correspondiente al corredor de bienes raíces intermediario de la compra, llevó a este a denunciar la estafa ante la prensa, lo que dio inicio a las pesquisas que permitieron descubrir el origen corrupto de los fondos.
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