Determino este lunes la audiencia en la sede de la PF en Brasilia, «a condición de declarante, asegurado el derecho al silencio y la garantía de no autoincriminación, si se le pide que responda a preguntas cuyas respuestas puedan resultar en su perjuicio», escribió el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
De Moraes es el ponente en la corte superior de las investigaciones sobre los ataques perpetrados el 8 de enero por adeptos radicales del derrotado presidente Jair Bolsonaro a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
El juez del Supremo contrarió la opinión de la Procuraduría General de la República, que defendió la revocación de la prisión de Torres, quien permanece tras barrotes desde el 14 de enero por supuesta omisión en la intentona golpista.
Respecto a las justas comiciales, se calculan supuestas maniobras en estados y ciudades, en los cuales Lula tenía ventaja de las encuestas y votos de la primera ronda del 2 de octubre.
En la época, Torres era ministro de Justicia de Bolsonaro y la PF y la Policía Federal de Carreteras (PRF, siglas en portugués) estaban subordinadas a él.
La exdirectora de Inteligencia del Ministerio de Justicia Marília Alencar admitió el 18 de abril en el testimonio de la PF que elaboró un mapa para el entonces ministro de los lugares en los cuales Lula obtuvo más votos en la primera vuelta.
Tal plano habría sido utilizado por Torres, junto a la PRF, en un intento por impedir que los concurrentes a favor del fundador del Partido de los Trabajadores llegaran a los lugares de votación en la segunda ronda.
Las operaciones relámpagos fueron montadas en municipios de estados del nordeste, con base en ese mapa hecho por la inteligencia.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Justicia, entregado a la Contraloría General de la Unión, la PRF fiscalizó dos mil 185 autobuses en el nordeste, región en la que el exsindicalista era favorito, contra 571 en el sureste, entre el 28 y 30 de octubre, víspera y día del segundo turno del referendo.
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