El fiscal José Pérez, quien pide 20 años de cárcel para Toledo por colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, informó que este lunes seguirá la fase previa al proceso, denominada control de acusación, la cual entra en un proceso de intensificación.
Lo más posible es que el extraditado, de participar en la audiencia tras la agotadora jornada de su llegada a Lima, lo hará por teleconferencia como ocurre con quienes están en prisión.
Pérez dijo que la acusación está sólidamente fundamentada por testimonios y documentos bancarios que prueban que Toledo, durante su gobierno (2001-2006) maniobró la contratación de la empresa brasileña Odebrecht, al frente de un consorcio, para una obra vial, a cambio de un soborno de 35 millones de dólares.
Ratificó además su rechazo a la intención de Toledo de pedir afrontar el proceso en arresto domiciliario y no en prisión preventiva por eludir a la justicia al punto que tuvo que ser extraditado.
El exgobernante llegó ayer a primera hora en un vuelo comercial desde Estados Unidos, escoltado por tres agentes norteamericanos que lo entregaron a la Policía peruana en el aeropuerto limeño.
Tras la llegada, Toledo pasó una jornada de 12 horas de agotadores trámites migratorios y judiciales, así como de calificación penitenciaria y exámenes médicos, hasta su traslado en helicóptero al penal Barbadillo, reservado para exaltos funcionarios de Estado.
Allí permanece aislado, sin contacto con los otros dos expresidentes que ocupan el presidio, Pedro Castillo, sin sentencia y en prisión preventiva, y Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Según informó el Instituto Nacional Penitenciario, tampoco podrá recibir visitas hasta que el Consejo Técnico Penitenciario defina los días y horarios de las mismas y las medidas de seguridad necesarias.
La extradición solicitada a Estados Unidos costó al Estado peruano cuatro millones de soles (más de un millón de dólares), principalmente en pagos de abogados y otros gastos.
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