Firmada por el ministerio de Relaciones Exteriores, la comunicación asegura que el gobierno etíope ‘no ha empleado y nunca utilizará tales municiones prohibidas porque se toma muy en serio sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre Armas Químicas’.
Según el periódico británico, cuyo corresponsal para el continente radica en Nairobi, Kenya, los últimos meses, en el norte del territorio, civiles recibieron horribles quemaduras consistentes con el uso de fósforo blanco, lo cual considera ‘un posible crimen de guerra’.
Rechazamos categóricamente esta alegación. Nuestro país, víctima en otras oportunidades de ataques de ese tipo, también condena en los términos más enérgicos el uso de armas químicas por cualquier persona y en cualquier lugar, subraya el texto de la cancillería.
Anteriormente, el Ministerio avisó a la comunidad internacional acerca del artículo, escrito de manera ‘maliciosa y más que irresponsable’ para ‘avivar tensiones y dividir aún más a la nación, particularmente a medida que avanza hacia las elecciones’, apunta la declaración.
El Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, siglas en inglés), acusado de violar los derechos humanos, subvertir el orden constitucional y masacrar civiles, entre otros delitos, atacó al Comando Norte de la Fuerza de Defensa Nacional en noviembre pasado.
Luego de esa agresión, el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó el 4 de noviembre una ofensiva militar contra la organización y apenas 24 días después la declaró concluida, tras la entrada del ejército a Mekelle, capital de la septentrional jurisdicción.
Sin embargo, integrantes del TPLF permanecen prófugos y todavía hay enfrentamientos armados, algunos de los cuales impiden el libre movimiento de trabajadores humanitarios e interrumpen acciones gubernamentales para restablecer la legalidad y responder a necesidades básicas de millones de ciudadanos.
Más de una vez en los últimos seis meses, el propio Ahmed aseguró que el gobierno federal trabaja para reducir a cero la escalada del conflicto, reconstruir la infraestructura, asistir a la población y responsabilizar a quienes cometieron crímenes en Tigray.
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