«Este vídeo fue subido a la página de Facebook (red social) del presidente cuando intentaba enviarlo a su WhatsApp (aplicación para móviles) para verlo más tarde. Además, en ese momento, él estaba internado en un hospital de Orlando (Estados Unidos)», argumentó el abogado defensor Paulo Cunha Bueno, tras comparecer el exmilitar durante casi dos horas ante la PF.
Señaló además que la divulgación del audiovisual resultó por error y «tanto es así, que poco más tarde, dos o tres horas después, se le advirtió e inmediatamente se retiró», apuntó.
La defensa prometió asimismo ante la prensa que pondrá a disposición de la PF los metadatos de la publicación de Bolsonaro, que indican quién, cuándo y dónde se hizo.
Insistió en que el político ultraderechista repudió los ataques golpistas perpetrados por seguidores radicales el 8 de enero contra los tres poderes en Brasilia.
El testimonio de Bolsonaro fue determinado la pasada semana por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Al tomar la decisión, De Moraes atendió a una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) y dio plazo de 10 días para que la PF escuche al exmandatario.
Según los investigadores, una publicación hecha el 11 de enero por el exparacaidista lo vincularía con la tentativa golpista.
En la ocasión, Bolsonaro compartió un contenido que, sin pruebas, ponía en duda el sistema electoral.
Tal mensaje fue evaluado como una señal de que el expresidente pudo estimular las irrupciones violentas de sus partidarios a los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
La PGR pidió el alegato del exjefe de Estado (2019-2022) cuando todavía permanecía en Estados Unidos, donde se quedó durante tres meses después de perder las elecciones de octubre ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Con su regreso del exterior el 30 de marzo, De Moraes ordenó fijar la audiencia.
Bolsonaro compareció el 5 de abril a la PF para dar argumento, pero en otra pesquisa, que revela su presunta comisión de delito en el caso de las joyas millonarias que recibió de regalo del Gobierno de Arabia Saudita.
En total, enfrenta cuatro investigaciones en el Supremo con puniciones aptas de cárcel.
De igual manera tiene una decena de procesos administrativos en el Tribunal Superior Electoral por supuesto abuso de poder político y económico durante la pasada justa comicial.
mem/ocs
