Los comicios de este domingo están rodeados de mucha incertidumbre porque no lograron despertar el entusiasmo de la población, a pesar de que puede ser la última oportunidad en mucho tiempo de cambiar el texto impuesto en 1980.
Políticos, analistas y académicos se preguntan si la tercera será la vencida, pero el panorama es complejo debido a que el chileno común y corriente no asume como suyo el reto.
La primera ocasión en que se trató de sustituir la ley fundamental impuesta por el régimen golpista de Augusto Pinochet (1973-1990) fue durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).
Cinco días antes de entregar su cargo, la primera mujer en dirigir los destinos de Chile entregó al Congreso Nacional un proyecto de nueva Constitución donde se instalaba un Estado de derecho democrático y social, con énfasis en un grupo de garantías a los ciudadanos.
El documento fue elaborado por un equipo de juristas y en él se reconocían constitucionalmente las prerrogativas de los pueblos indígenas, pero no la plurinacionalidad.
Tras asumir la presidencia del país el 11 de marzo de 2018, Sebastián Piñera mandó a retirar el proyecto del organismo legislativo con el argumento de que no cumplía con todos los requisitos para convertirse en la ley de leyes de la nación.
Fue hasta el estallido social iniciado en octubre de 2019 que Piñera, para salvar su cargo, aceptó un acuerdo donde se incluía la convocatoria a una Convención Constituyente encargada de redactar una nueva carta magna.
En mayo de 2021 con una gran participación se eligieron los 155 miembros de ese organismo, donde el 64 por ciento no pertenecían a ningún partido político y se sumaron a ellos 17 representantes de las comunidades originarias, un hito en la historia chilena.
A partir de ese momento se inició una labor de zapa de la derecha política y los grandes grupos empresariales, dueños de los principales medios de comunicación, que plantaron en el imaginario popular una serie de mentiras sobre el nuevo texto.
El chileno promedio creyó falsedades burdas, como la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos, la confiscación de su vivienda y otras propiedades y que los pueblos indígenas se convertirían en ciudadanos de primera clase en detrimento del resto de la población.
De esta manera el 4 de septiembre de 2022, en el llamado plebiscito de salida, el 62 por ciento votó contra el proyecto y sólo el 38 lo hizo a favor.
Intensas negociaciones en el legislativo lograron impulsar una tercera oportunidad, que vivirá mañana un día clave porque se determinarán cuáles serán las fuerzas dominantes en la creación de la nueva ley de leyes y se sabrá entonces si es viable o no.
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