El proceso involucró al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo Papeles de Panamá y que desde marzo de 2018 había anunciado el cierre total de sus operaciones a nivel mundial, así como la liquidación de empleados.
El 30 de junio último, la jueza Baloísa Marquínez, resolvió sobreseer provisionalmente a 39 personas, entre ellas a Ramón Fonseca y Jürgen Mossack, fundadores del extinto bufete de abogados.
Al fundamentar su decisión, Marquínez indicó que la investigación «no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore(fuera de plaza)».
En una audiencia preliminar, celebrada tres meses antes de la decisión, todos los defensores pidieron a la jueza que otorgara a sus clientes el sobreseimiento definitivo dentro de esta causa penal, así como el levantamiento de las medidas cautelares.
Este caso, un expediente de 293 tomos, guarda relación con una investigación que se inició en 2016, resultado de informes periodísticos, originadas en la operación Lava Jato en Brasil, que vinculaban a una oficina de abogados en Panamá con la creación de sociedades anónimas, cuyo objetivo era la movilización de fondos ilegales.
De su parte, el Ministerio Público señaló que ahora está mejor preparado para la audiencia ordinaria y cuenta con todos los elementos probatorios que acreditan el hecho punible.
La Fiscalía grabó el papel que ejerció María Mercedes Riaño, quien fue empleada de Mossack Fonseca en Brasil. A ella se le atribuye la creación de sociedades off shore a las que se vincula con otras empresas investigadas en ese país por la supuesta comisión de lavado de dinero.
Las pesquisas de la fiscalía revelaron, según el tribunal, que los investigados participaron “con conciencia y voluntad” en la creación de sociedades anónimas y de comercio, “con la probable finalidad de ocultar dinero procedente de actividades delictivas”.
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