Al mismo tiempo, la proclama de un paro general y una nueva marcha a Lima parece dar la razón a analistas y dirigentes, quienes advierten que las protestas, las cuales apuntan al retiro de la presidenta Dina Boluarte, solo estaban en receso.
De igual forma, precisan que su reanudación era inevitable, porque las condiciones de las movilizaciones previas no cambiaron significativamente.
El dirigente puneño, del sindicato de maestros, César Tito Rojas, dijo que las organizaciones sociales acordaron un “paro seco (total)” para el 30 de mayo y una marcha a Lima para el 19 de julio, en ambos casos para reclamar la dimisión de Boluarte.
Rojas explicó que los dirigentes decidieron dejar los recientes “paros secos” para una vez por semana y concentrarse en preparar, en las asambleas de bases, una paralización contundente en toda la región de Puno y la marcha a la capital peruana.
Representantes de sindicatos y otras organizaciones sociales concertaron el nuevo plan el 6 de mayo último, al tiempo que preparan una reunión con sus similares de todas las regiones del sur, prevista en el sureño departamento de Apurímac. Las manifestaciones anteriores se desataron luego de la detención y destitución del presidente Pedro Castillo por intentar cerrar el Parlamento, controlado por la oposición.
Asimismo, plantearon la renuncia de Boluarte, nuevas y prontas elecciones generales y un referendo sobre la pertinencia de una Asamblea Constituyente.
Las pasadas protestas fueron protagonizadas por organizaciones sociales de las regiones surandinas de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Arequipa, y con menos participación en Lima y otras zonas del país.
Recientemente, más de 300 dirigentes políticos, intelectuales y otras personalidades progresistas de la clase media publicaron un llamado público a la unidad general en torno a posiciones democráticas compartidas, para reanudar la lucha contra el Gobierno y a favor de elecciones generales inmediatas.
El texto calificó como urgente la necesidad de rescatar los espacios democráticos, que los firmantes consideran recortados por la administración autoritaria de Boluarte y la represión a las manifestaciones, que dejó 49 muertos.
Una de las firmantes, la exprimera ministra Mirtha Vásquez, reconoció que “en el momento más crítico debimos alzar la voz”, pero señaló que las exigencias planteadas no han perdido vigencia.
Añadió que las encuestas asignan un masivo rechazo a la presidenta -cerca del 80 por ciento- y “la gente sigue diciendo que se vaya, pues no está gobernando, carece de legitimidad y no tiene las cualidades mínimas para seguir al frente del Estado”.
npg/mrs
