El pleno del JNE hizo llegar a la Comisión de Constitución su opinión sobre cinco versiones coincidentes en plantear una reforma que incluya a los organismos electorales entre los sujetos a denuncias y procesos parlamentarios.
El proyecto incluye a los integrantes del JNE y los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cuya autonomía plena establece la constitución.
Según el JNE, la pretensión de someter por causas políticas a sus miembros a un juicio significaría que podrían ser acusados, procesados y, de ser el caso, sancionados por el propio Congreso, lo cual impliva un grave riesgo para la independencia del sistema electoral.
El peligro, agrega la corte, es que los congresistas podrían sancionar a las autoridades electorales por causas directamente relacionadas por sus intereses políticos y a partir de una valoración política y no jurídica.
El tema tiene como antecedente los ataques de los partidos de extrema derecha al JNE y el Reniec por descartar por falta de pruebas sus denuncias sobre un supuesta elección fraudulenta de Pedro Castillo como presidente, en 2021, y su exigencia de nulidad de los comicios.
Tras la instalación del Gobierno y el Congreso, una comisión congresal encabezada por el parlamentario Jorge Montoya, uno de los más duros exponentes de la derecha extrema, investigó el proceso electoral de 2021, sin encontrar pruebas de fraude o irregularidades.
Pese a ello, los partidos de esa tendencia Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País continúan señalando a los organismos electorales casi como culpables de la elección de Castillo y manifiestan la intención de relevar a sus titulares.
Para el analista político Alberto Quintanilla, el proyecto de reforma constitucional “es un grave atentado contra el equilibrio de poderes” pues el Congreso pretende someter a esos organismos a su influencia, para controlar los resultados de las próximas elecciones con objetivos fraudulentas.
El exministro del Interior Wálter Albán declaró en días pasados que el bloque derechista del Congreso, poder del Estado con una desaprobación de más de 90 por ciento en las encuestas, usa su poder para copar las instituciones del Estado, como los sistemas judicial y electoral, lo que han conseguido en parte, y apunta a designar también un Defensor del Pueblo afín a sus posiciones.
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