«Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación hasta este momento. Señor magistrado, yo no me levanté en armas, el día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano”, sobre el hecho que el delito de rebelión implica un alzamiento armado.
“No he cometido ningún acto de rebelión ni conspiración; la rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta”, lo que no hizo, según dijo al alegar en favor de una tutela de derechos para recuperar su libertad, lo cual ha intentado antes en varias instancias sin éxito.
Tras señalar que, si bien leyó una proclama, en la que anunció la disolución del Parlamento opositor, no se hicieron efectivas ni esa medida ni la intervención en los organismos de justicia, también anunciada en el mensaje
Se declaró víctima de una arbitrariedad al ser encarcelado inconstitucionalmente previa destitución sumaria por el Congreso, según dijo.
En alusión a las fuerzas mayoritarias del Parlamento, dijo que no han podido asimilar la derrota sufrida por su elección en 2021 y desde el primer día de su mandato asumieron una actitud obstruccionista.
Lo hicieron, según afirmó, porque pidió que las grandes empresas paguen deudas históricas al pueblo y que se revisen los contratos ley (intocables) con grandes empresas para beneficiar al pueblo y porque quería un referendo sobre una nueva constitución.
Rechazó los cargos de corrupción en su contra y dijo que son producto de una conspiración entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Congreso y la prensa adversa a su administración.
El juez a cargo de la audiencia, Juan Carlos Checkley, negó que Castillo sea un preso político y señaló que está en prisión preventiva dictada por un juez y ratificada por la Corte Suprema.
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