El proyecto, presentado el año pasado por Esteban Velázquez, de la opositora federación Regionalista Verde Social, no prosperó en esa ocasión por falta de quórum y una fuerte presión del gobierno en contra, que influyó sobre la votación de los legisladores oficialistas.
Sin embargo, en esta oportunidad obtuvo 107 votos a favor (de 92 necesarios), 16 en contra y 23 abstenciones, fundamentalmente de los diputados de la derecha.
En la sesión, el legislador socialista Marcelo Schilling señalo que esa medida debe ser vista como ‘un compromiso recíproco de la ciudadanía con sus autoridades’.
Desde el Partido Radical, Marcela Hernando argumentó que el voto obligatorio ‘es la única manera de garantizar que todos los ciudadanos se van a manifestar’.
Advirtió que en el presente las clases altas son las que más votan, y ‘eso provoca que en cualquier institución que se elija hay más representación en los grupos poderosos que de las clases más vulnerables’.
En cambio, desde la derechista Unión Demócrata Independiente, su presidente, Javier Macaya consideró poco serio legislar sobre este tema cuando el país se encuentra en medio de un proceso electoral.
Este asunto cobra importancia en un país donde la participación ciudadana en elecciones ha ido en franca retirada con el paso de los años, aumentando cada vez más el abstencionismo.
Como muestra de ello, en las elecciones del 15 y 16 de mayo, aun cuando se celebraron en dos días, la asistencia a las urnas alcanzó solo el 43 por ciento, a pesar incluso del enorme interés que despertaba la votación para elegir a los integrantes de la convención que redactará la nueva Constitución.
El diputado Esteban Velázquez, promotor de la iniciativa, recordó que el plebiscito de salida para la aprobación de la carta magna tendrá carácter obligatorio, y que sería bueno extender esa práctica a otras votaciones.
Asimismo consideró que ‘el voto obligatorio hoy día va a traer mucho más fortalecimiento del sistema democrático’.
No obstante, para seguir su trámite parlamentario la propuesta deberá pasar nuevamente a comisión tras recibir indicaciones de legisladores de la derecha.
Según se conoció, la reforma constitucional no es absoluta, pues exceptúa de la obligatoriedad a los mayores de 75 años, personas con discapacidad o dependencia, y chilenos residentes en el extranjero, y no se aplicaría en elecciones primarias.
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