Para esa congregación, el convenio que impulsa el Ejecutivo y la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum entra en contradicciones con la legislación ambiental y constitucional del país istmeño.
De acuerdo con la organización católica, la minería metálica no es sostenible en una nación con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá, sustentadas por estudios internacionales y nacionales.
Acota que el área total de uso y servidumbre para la mina de cobre a cielo abierto en Colón es de 17 mil 780.38 hectáreas, incluyendo la instalación de manejo de relaves está en medio del Corredor Biológico Mesoamericano y el Área Protegida de Donoso, lo que contradice el ordenamiento legal del país.
Además critica las desmedidas ventajas que el contrato ofrece a la empresa, como adquirir, arrendar o usufructuar tierras del Estado o de propiedad privada sin límite, dentro o fuera de la concesión.
“El Estado se compromete igualmente a expropiar las tierras que sean necesarias para ampliar la concesión, aunque la minera pague compensación”, acota, lo que no se puede permitir.
Tampoco está de acuerdo con las ventajas laborales que se ofrecen a la compañía, como estar por encima de las normas del Código de Trabajo, “poniendo en condición especial o posibilitando condiciones inferiores de trabajo y remuneración en el área de la minera en contraste con el resto del país”, agrega.
Sobre los beneficios económicos que recibirá el país, la organización religiosa expone que el pago al Estado de los 375 millones de dólares anuales por regalías es irreal y muy relativo, porque se puede disminuir por múltiples razones, como la baja del precio del cobre en el mercado.
Y señala que la lesión a Panamá que llevó a la Corte Suprema de Justicia en 2017 a declarar ilegal el contrato anterior, se mantiene, ya que las ventajas para la empresa son ahora mayores.
En ese sentido, instó al Órgano Legislativo a no aprobar un contrato que lesiona gravemente la soberanía y el futuro del país, pero también “la casa común”, que es el planeta.
De igual manera extiende un llamado a los cristianos, universidades, organizaciones ambientales y otros para que propongan un cierre escalonado de la explotación minera, dentro de plazos razonables que no violenten esquemas y convenios internacionales.
Criticado por ecologistas y organizaciones sociales, el polémico contrato es sometido actualmente a consulta ciudadana no vinculante para luego ser llevado a una revisión y refrendo del Contralor General y después ante el Parlamento para su aprobación y posterior promulgación por parte del Ejecutivo.
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