“El encubrimiento es un delito, lo que estamos haciendo en el proyecto (de ley) es modificar el Código Penal y estamos ampliando la sanción”, afirmó el titular.
Según Lima, el castigo por encubrimiento a cualquier persona va de seis meses a dos años, pero para este tipo de delitos (crímenes sexuales) será de cuatro a ocho años, declaró a Radio Fides.
El anteproyecto de normativa fue redactado por el Gobierno ante los hechos “aberrantes” cometidos por el pederasta jesuita español fallecido en 2009 Alfonso Pedrajas (alias Pica) contra al menos 85 menores de edad, la mayoría en el Colegio Juan XXIII, de Cochabamba.
Un reportaje investigativo publicado el 30 de abril en el periódico español El País con las revelaciones de Pica Pedrajas en su diario desveló la cadena de crímenes sexuales del sacerdote y el encubrimiento de sus superiores en la Compañía de Jesús.
La onda expansiva del escándalo originó en Bolivia una pesquisa de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en este contexto el Gobierno presentó a la ALP un proyecto de normativa que plantea la imprescriptibilidad de este tipo de delitos.
Sugiere, además, la creación de una “Comisión de la Verdad” para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables.
Lima acotó que, con este equipo, las víctimas tendrán derecho a que el hecho sea investigado y no quede en la impunidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo cuatro del anteproyecto, bien sea por la vía penal o mediante esta comisión.
El ministro lamentó que los delitos más cometidos en el país altiplánico son los de violencia contra la mujer e intrafamiliar, mientras el de violación contra niños, niñas y adolescentes ocupa el cuarto lugar y es cometido en ámbitos dónde deberían ser protegidos.
“El proyecto de ley y la posibilidad de investigar los delitos de violación de niños y adolescentes -concluyó el titular-, no es para la Iglesia, no está pensado para una categoría de víctimas, está pensada para todas las víctimas”.
Wilfredo Chávez, procurador de Bolivia, por su parte, instó este lunes a revisar, vía Ministerio Educación y la Cancillería, el “estatus” de la católica Compañía de Jesús en el país andino-amazónico.
Esa orden, al amparo de la cúpula de la Iglesia Católica, permitió por al menos tres décadas las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes del campo y la ciudad en establecimientos educativos bajo su control, entre ellos el Juan XXII de Cochabamba.
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