Camet, capturado en virtud de la alerta transmitida a Interpol, mecanismo internacional de cooperación policial, tenía la orden de arresto desde que el año pasado se fugó, cuando estaba a punto de emitirse un dictamen que ordenaba su prisión preventiva por 24 meses, por incumplir las reglas de su libertad condicional.
El empresario era gerente de la empresa JJC Contratistas Generales, integrante del consorcio constructor encabezado por la brasileña Odebrecht, compañía que pactó con Toledo un soborno de más de 30 millones de dólares a cambio del contrato de construcción de parte de la carretera interoceánica que va desde el sur de la costa peruana hasta Brasil.
La importancia de Camet en el caso radica en el hecho de que la Fiscalía pide para él 20 años y seis meses de cárcel, al igual que la condena solicitada para Toledo.
El empresario fue detenido a raíz del pedido de extradición, lo que implica un largo proceso en la justicia española, a la luz de lo que demoró en el caso del exjuez de la Corte Suprema, César Hinostroza, señalado como cabeza de una red de corrupción judicial, integrada por jueces, fiscales, empresarios y otros personajes.
El exmagistrado escapó de Perú en octubre de 2018, cuando era inminente que el Poder Judicial lo sometiera a prisión preventiva por la gravedad de los cargos en su contra.
La extradición de Hinostroza fue aprobada en julio de 2021 y la justicia española ordenó su ubicación y captura, pero el fugitivo logró fugarse a Bélgica.
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