De acuerdo con una pesquisa realizada por la agencia Associated Press (AP), los soldados y oficiales entrevistados durante el sondeo describieron esa situación, agravada por el hecho de que el sistema judicial castrense no tiene una categoría explícita para los delitos motivados por prejuicios, lo que dificulta la cuantificación de esas faltas.
El Departamento de Defensa tampoco tiene forma de rastrear el número de miembros de los servicios armados expulsados por emitir en público opiniones extremistas, a pesar de sus reiteradas promesas de erradicarlas, algo que se evidenció una vez más cuando las autoridades detectaron que más de 20 personas vinculadas al ataque del 6 de enero al Capitolio tenían vínculos militares.
Por otra parte, expertos señalaron durante el estudio, que el Código Uniforme de Justicia Militar no aborda adecuadamente los incidentes discriminatorios y que los afroamericanos y otras minorías comúnmente enfrentan paneles de consejos de guerra compuestos solo por miembros blancos, lo que puede agravar la situación.
De acuerdo con la pesquisa, la discriminación racial no existe solo dentro de las bases militares, pues cada año los civiles que trabajan en los sectores financiero, técnico y de apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina presentan cientos de quejas alegando discriminación por raza y color de la piel, según datos de la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
Solo en el año fiscal 2020, esos tres servicios recibieron 900 denuncias civiles de discriminación racial y otras 350 por otras acciones similares contra la dignidad humana.
En febrero pasado, el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin, un exgeneral del ejército y primer hombre negro en servir en el puesto, ordenó a los comandantes y supervisores que hicieran una pausa operativa por un día para discutir el extremismo con sus subordinados.
Sin embargo, una encuesta reciente del diario The Military Times mostró que el debate se recibió con críticas, y algunos miembros dijeron que sus entrenadores hicieron comentarios despectivos que socavaron las discusiones y las sesiones fueron breves y no interactivas.
El Southern Poverty Law Center (SPLC) envió a Austin una carta poco después de su orden, en la cual aplaudía su acción decisiva, pero subrayando que el cambio sistémico en todos los niveles militares es urgente.
‘Aquellos que son adoctrinados en la ideología supremacista blanca presentan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad de nuestras comunidades’, escribió la presidenta del SPLC, Margaret Huang.
Hasta ahora el Departamento de Defensa no hizo ningún comentario sobre esta investigación.
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