El exgobernante y actual líder del partido Realizando Metas, es su abanderado presidencial ante primarias el próximo 4 de junio, pero antes deberá enfrentar a la justicia por el presunto delito de blanqueo de capitales, pese a estar hospitalizado tras someterse a una cirugía de la columna vertebral.
Analistas estiman que, como regla, ante la cercanía de sonados juicios como este, el multimillonario y su defensa recurren a ardides para evadirlos, entre ellos el fuero electoral- en procesos internos-, impugnación de jueces; o motivos de salud que lo encuentran días previos internado en algún centro asistencial.
En esta ocasión, el Órgano Judicial llegó a señalar que hasta por video desde el hospital, Martinelli podría seguir la vista prevista desde este martes y por 10 días hábiles sobre la compra de la Editora Panamá América SA (Epasa), supuestamente con fondos públicos.
Según la jueza Baloisa Marquínez, a cargo del caso, a las personas que se les demuestre el lavado de activos y delitos contra el orden económico podrían ser sancionadas con penas de entre cinco y 12 años de cárcel.
En caso de que la jueza determine su culpabilidad, el fallo seguramente será apelado ante el Segundo Tribunal de Justicia y de confirmarse la decisión y ser apelada nuevamente, será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva el recurso de casación, según las normas.
En ese sentido, para simpatizantes y adversarios de Martinelli, los tiempos judiciales en el istmo serán determinantes para que su nombre aparezca o no en la papeleta el 5 mayo de 2024.
Otros activistas más críticos estiman que se pondrá a prueba la administración de justicia y su responsabilidad con la llamada certeza del castigo.
Por su parte, la defensa de Martinelli, que encabeza Luis Camacho, y del resto de los imputados – la mayoría empresarios – ejercerá todo lo que esté a su alcance para evitar un veredicto de culpabilidad en primera instancia, o en el escenario más inmediato, suspender o aplazar la audiencia.
En noviembre la representación del expresidente logró aplazar la fecha de juicio, pero la plenaria de esta jornada no contempla más aplazamientos.
El 9 de diciembre de 2022, la letrada Marquínez decretó la apertura de causa criminal al exmandatario, pero desde entonces diversos artificios empleados obstaculizan las audiencias.
La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
Martinelli enfrenta otras imputaciones por diferentes casos de corrupción, entre ellos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y mantiene la medida cautelar de prohibición de salida del país.
De acuerdo con el MP, los nuevos desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014.
En esa lista sobresalen la autopista Arraiján-La Chorrera, la ciudad deportiva de la caribeña provincia de Colón y la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento), entre otras.
Entre los llamados a juicio existe un factor común, y es que la mayoría son contratistas del Estado en la administración de Martinelli y están vinculados a otros casos judiciales que se relacionan entre sí, por lo que New Business parece ser la pieza del rompecabezas que los une, según la fiscalía.
Estadísticas del Ministerio Público aseguran que entre el 15 y el 27 de diciembre de 2010, se logró recolectar la suma de 43 millones 912 mil 828 dólares en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.
En el desarrollo del proceso, el Estado ha logrado la recuperación, mediante esta investigación, de poco más de nueve millones de dólares en acciones, las cuales están en manos del Tesoro Nacional.
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