La operación de los fiscales se realizó en las oficinas de las empresas Lima Expresa SAC y Vinci Highways Perú SAC, así como el estudio de abogados Echecopar, considerado uno de los más costosos e influyentes del país.
Para la Fiscalía, las citadas compañías y el estudio Echecopar están involucrados en presuntas acciones ilícitas, al recibir fondos con fines electorales de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, a cambio de contratos de obras viales o mejoras de estos, favorables a la parte empresarial.
Villarán está próxima a ser juzgada por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y cohecho pasivo, cargos por los cuales fue sometida a prisión preventiva entre abril de 2019 y mayo de 2020, pero por razones de salud fue excarcelada para que cumpla la medida detenida en su domicilio.
Las pesquisas de la Fiscalía señalan que Villarán habría incurrido en los delitos citados cuando fue alcaldesa de la capital (2011-2014), al recibir 11 millones 200 mil dólares de Odebrecht y OAS para salir airosa de un referendo revocatorio y de su candidatura a la reelección, a la postre fracasada.
La Fiscalía pide 29 años de cárcel para Villarán, quien admitió la recepción oculta de fondos, pero no para quedarse con el dinero, sino con fines políticos
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