La audiencia, prevista hasta el 5 de junio, encontró la víspera en sus comienzos constantes obstáculos por parte de la defensa y hasta la ausencia por minutos del equipo legal del exmandatario.
La jueza Baloisa Marquinez, a cargo del proceso por blanqueo de capitales en el que están implicadas 21 personas, estuvo a punto de designar un abogado de oficio que lo representara, cuando apareció el letrado Oliver Quiel, hasta ese momento desconocido para muchos.
El supuesto defensor sustituto de Martinelli comenzó técnicas dilatorias, como alegar que había sido pareja de Marquínez, necesitar más tiempo para leer el expediente, que el multimillonario permanecía hospitalizado y hasta la autorización para ir al baño, argumentos que fueron negados. Media hora después, el sustituto desaparecía de la escena, y Carlos Carrillo y Alfredo Vallarino hicieron su entrada al salón de audiencias de la Corte Suprema de Justicia para asumir la defensa del exgobernante.
Luis Eduardo Camacho, quien aparece como abogado principal de la causa de Martinelli, no asistió, tras dar positivo a la Covid-19, otra «coincidencia», según analistas.
Por su parte, en el primer día de la audiencia, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, comenzó la lectura de los 21 acusados por blanqueo de capitales en la compra del grupo Epasa, medios como los periódicos Crítica, Panamá América y Día a Día, de los cuales solo 13 acudieron al juicio, cinco lo hicieron de manera virtual y dos fueron declaradas en rebeldía y prófugas.
El expresidente Martinelli tampoco pudo conectarse de manera virtual. La excusa era una cirugía por hernia en las vértebras y aunque la defensa insistió en reconsiderar la solicitud de suspensión del juicio, esta le fue negada.
El 9 de diciembre de 2022, la letrada Marquínez decretó la apertura de causa criminal al exmandatario, pero desde entonces diversos artificios empleados obstaculizan las audiencias.
La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
Martinelli enfrenta otras imputaciones por diferentes casos de corrupción, entre ellos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y mantiene la medida cautelar de prohibición de salida del país.
De acuerdo con el MP, los nuevos desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014.
En esa lista sobresalen la autopista Arraiján-La Chorrera, la ciudad deportiva de la caribeña provincia de Colón y la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento), entre otras.
La lista de los llamados a juicio tiene un factor común, y es que la mayoría son contratistas del Estado en la administración de Martinelli y están vinculados a otros casos judiciales que se relacionan entre sí, por lo que New Business parece ser la pieza del rompecabezas que los une, según la fiscalía.
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