La acusación fue presentada por la congresista de derecha extrema Patricia Chirinos, quien sostiene que Ávalos, fiscal hasta mediados de 2022, fue cómplice de Castillo por no investigarlo, por lo que merece la pena aplicada cuando desempeñaba el cargo máximo del Ministerio Público.
Le imputa por ello los delitos de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales y pide que el Congreso, tras un sumario proceso político, la inhabilite para el ejercicio del cargo por cinco años.
Ávalos argumenta que ningún juez ni fiscal puede ser sancionado por sus decisiones jurídicas y que la ofensiva contra ella, apoyada por una intensa campaña de tabloides y otros medios alineados con la derecha, es una especie de venganza porque no cedió a presiones.
Señala que los fiscales de la Nación precedentes, incluyendo la hoy legisladora Gladys Echaíz, una de sus detractoras, se negaron a investigar a presidente alguno, invocando el artículo constitucional por el que ningún jefe de Estado en funciones puede ser acusado.
Por el contrario, dice, fue la primera fiscal de la Nación que abrió una investigación a Castillo para investigar a su entorno por presunta corrupción, y dejó en suspenso la indagación al presidente, respetando su inmunidad, hasta que terminara su mandato.
Su sucesora, Patricia Benavides inició las pesquisas sin esperar que Castillo deje el cargo, lo que fortaleció a la derecha, que la apoya pese a cuestionamientos de juristas y políticos progresistas.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), que fiscaliza a jueces y fiscales, manifestó preocupación por el caso de Ávalos, en un pronunciamiento que llama al Congreso a reflexionar sobre la denuncia constitucional contra la actual fiscal Ávalos.
Para la JNJ, lo preocupante es que las imputaciones se relacionan “con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal».
“La judicialización de la política y la politización de la justicia laceran las instituciones y socavan la convivencia social y ciudadana”, señala el comunicado de la JNJ.
Dice también que la junta no defiende a personas, sino “defiende garantías universales propias de la función judicial y fiscal y de la estabilidad de nuestras instituciones”.
También Ávalos invocó el grave precedente que establecería un fallo en su contra, pues la acusación lleva un mensaje: “te alineas con mis decisiones políticas o te boto”.
“Hoy es con Zoraida Ávalos, mañana puede ser con otro fiscal o con un miembro del Poder Judicial o con cualquier institución”, dijo al llamar al conjunto de jueces supremos a pronunciarse.
El caso, según críticos del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo apoya, denuncian que el bloque derechista que domina el parlamento, en alianza con otras fuerzas, pretende copar la institucionalidad estatal para controlarla.
Al respecto, el diario La República manifestó preocupación por la reciente denuncia del legislador de derecha Alejandro Muñante contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por infracción a la Constitución, abuso de autoridad y otros delitos.
Sostiene que los miembros de la JNJ cometieron esos delitos al permitir que una de sus integrantes, Luz Inés Tello -jueza conocida por su rectitud y su severidad-, al permitir su permanencia en el cargo más allá del límite de edad establecido, pese a que este se refiere a la edad de postular y no a la permanencia en la Junta.
El semanario Hildebrandt en sus 13 apuntó que las presiones por el retiro de Tello y contra la JNJ se deben a que ella tiene a su cargo el informe sobre una denuncia contra la fiscal de la Nación Benavides que cuestiona la veracidad de sus títulos académicos.
De otro lado, los críticos del Gobierno y sus aliados del Legislativo denuncian con frecuencia que las fuerzas derechistas pretenden copar los órganos de justicia.
Señala que han avanzado a ese objetivo al elegir en el parlamento a miembros afines de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional y plantean abiertamente el reemplazo de los titulares del tribunal electoral y otras autoridades.
ro/mrs
