El pronunciamiento señala que el Congreso de la República, en manos de una mayoría conservadora, debe paralizar el proceso de elección de reemplazantes de seis de los siete integrantes de la referida corte.
Señala que la mayoría de legisladores ‘ha decidido forzar la reactivación de un proceso ya viciado, lo que parece obedecer al ánimo de capturar, por los próximos cinco años, la más alta instancia de control constitucional’.
Según los firmantes de la declaración pública, que ese afán se mantiene pese a graves irregularidades que motivaron la separación o renuncia de varios postulantes.
Entre los suscritos figuran los exministros de Justicia Francisco Eguiguren y Diego García Sayán; de Educación, Marcial Rubio; y de Salud, Víctor Zamora; así como el exdefensor del Pueblo Wálter Albán; los exprocuradores Luis Vargas e Iván Meini; y juristas como Rolando Ames, David Lobatón y Pedro Grández.
La declaración argumenta que carecen de legitimidad para tomar decisiones trascendentes los actuales legisladores, que serán reemplazados el 28 de julio próximo por los elegidos en comicios generales el pasado 11 de abril.
Añade que el proceso actual de selección de magistrados quede sin efecto y el nuevo Parlamento asuma la responsabilidad de renovar la composición del Tribunal Constitucional, y advierte que la directiva congresal saliente dividir en dos la actual breve legislatura, para aprobar de todas maneras los nombramientos.
La argucia, según los reclamantes, apunta además a aprobar cambios constitucionales y otras normas legales, medidas carentes de legitimidad cuya aprobación, opinan, debe esperar la instalación del nuevo Parlamento.
ga/mrs
