La medida forma parte de las disposiciones adoptadas por las autoridades para garantizar la seguridad del plebiscito previsto para el 27 de junio próximo, según informó en un comunicado este viernes el Ministerio de Justicia.
Añadió que los comisarios gubernamentales y la Policía están formalmente instruidos para actuar en consecuencia de los actos y reiteró la voluntad del Gobierno a permitir el buen desarrollo del ejercicio democrático.
La nota firmada por el titular Rockefeller Vincent señala asimismo que la consulta popular es un acto soberano, y en consecuencia debe ejercerse en total libertad, honestidad y seguridad.
La advertencia del Ministerio de Justicia sale a la luz luego de las amenazas de líderes opositores que aseguraron boicotear el referendo al considerarlo inconstitucional pues no está contemplado en la carta magna vigente.
A mediados de esta semana, el cabecilla del partido Pitit Dessalines, Moïse Jean Charles, alentó a la población a quemar los materiales electorales recientemente llegados al país, y llamó a una revuelta.
También el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Joseph Lambert, afirmó que destruiría las oficinas electorales en el departamento Sureste para evitar la celebración del plebiscito. ‘Cuando un gobierno ilegal comete un acto fundamentalmente ilegal, hay que rebelarse y luchar contra él’, dijo el político.
Por su parte, el movimiento Matriz Liberación, encabezado por el exsenador Antonio Chéramy amenazó con iniciar la operación ‘desplazamiento legal y rebelión’ contra la modificación de la carta magna de 1987.
El exparlamentario reconocido por recurrir a la violencia para impedir la ratificación del Gobierno en la Cámara Alta durante 2019, sostuvo que solo el desalojo del presidente Jovenel Moïse del Palacio Nacional podrá permitir al país conocer un poco de alivio.
Otros grupos también anunciaron acciones contra el referendo, aunque apelaron a medidas pacíficas.
En tanto, el Gobierno confirmó que sigue en marcha la consulta popular, a pesar de las críticas de nacionales y la comunidad internacional, que calificó el ejercicio de poco transparente e inclusivo.
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