“No me voy a acoger al derecho de quedarme en silencio porque la primera persona que quiere saber la verdad, qué pasó con los fallecidos en esas marchas violentas de protesta es Dina Boluarte”, dijo sobre la esperada declaración a realizarse en los próximos días.
El abogado de la presidenta, Joseph Campos, advirtió sin embargo ayer que él las vetará en el interrogatorio, que se enmarca en una indagación preliminar por presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves.
La investigación está referida a una veintena de muertes registrada en la región surandina de Puno, parte de un total de 49 vidas perdidas entre diciembre y marzo pasados, saldo al que se agregan un policía linchado y seis soldados ahogados, en el contexto de la protesta, así como 11 accidentados.
La mandataria fue preguntada por la versión del semanario Hildebrandt en sus 13, de que la Policía de Puno rechazó, por considerarlo improcedente un pedido de la Fiscalía, de informe sobre la actuación policial que dejó allí un primer saldo de muertes.
Respondió con un pedido a la prensa que se trate con sumo respeto a las familias de los caídos y que se deje al Ministerio Público hacer su trabajo, sin comentar la actitud de la Policía de Puno.
Expresó que, ante “las especulaciones que algún medio escrito pudiera haber hecho, creo que los deudos de los fallecidos no se las merecen. Dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo”, expresó y ofreció facilidades del Ejecutivo para las pesquisas.
El ministro del Interior, Vicente Romero, ex jefe de la Policía Nacional, dijo al respecto que este y las Fuerzas Armadas “manejan documentos de carácter secreto y reservado”
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se rigen por sus leyes y reglamentos. Tenemos que respetar los espacios de cada institución», agregó.
El semanario Hildebrandt en sus 13 difundió el documento policial que niega la información solicitada, así como órdenes de operaciones policiales contra las protestas.
En el mismo periódico, el general del Ejército retirado Wilson Barrantes, entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, nombrado por el destituido y encarcelado presidente Pedro Castillo, declaró que aconsejó a Boluarte no declarar estado de emergencia, medida que conlleva el uso de militares.
Barrantes afirmó que las fuerzas militares enviadas a la región andina de Ayacucho -epicentro décadas atrás de las acciones del grupo armado Sendero Luminoso- fueron convencidos de que iban a enfrentarse a una organización terrorista, lo cual, afirmó, era falso.
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