Basaron la convicción de que ese será el desenlace para la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por el antecedente de la condena años atrás al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel como autor mediato de dos masacres, por su responsabilidad, como gobernante, de esas muertes.
Así lo señaló la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, quien declaró en una visita a la sureña ciudad de Arequipa que “Yo podría asegurar que Dina Boluarte, Otárola y todo ese grupo van a terminar en la prisión”.
Añadió, tras sucesivos informes de instancias internacionales adversos al gobierno de la mandataria que reemplazó al presidente Pedro Castillo, que hay indicios claros de la responsabilidad del Estado en el uso excesivo de la fuerza contra las protestas.
A partir de las indagaciones de la Coordinadora y de pronunciamientos internacionales, Dador señaló que la represión fue una política estatal, por su sistemática metodología.
Citó las necropsias de las víctimas, y refirió que verificaron que en la mayoría de los casos los disparos de militares y policías impactaron de la cintura hacia arriba, lo cual indica que la intención era causar la muerte del objetivo, a lo que se añade el uso de armas de guerra, lo que no corresponde al control de manifestaciones.
La funcionaria de la CNDH señaló que los ejecutores son autores directos de las muertes, pero son el último eslabón de una cadena de mando, en cuya cúspide está la presidenta Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas.
La mandataria niega tener responsabilidades operativas y mando directo sobre las Fuerzas Armadas, como alegó en su momento Fujimori, sin que los jueces consideren que eso lo liberaba de culpa.
Boluarte “dice que tiene mando, pero no comando, pretendiendo decir que no podía parar las operaciones militares y policiales, lo cual es mentira”, aseveró.
La abogada de la Coordinadora, Mar Pérez, criticó también la lentitud del sistema de justicia en el investigación de las casi 70 muertes registradas durante las protestas y señaló que la demora se debe a que hay una alianza evidente entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la jefa del Estado.
Para la jurista, si los autores y responsables de las muertes no fueran condenados, la Coordinadora podría apelar a instancias jurídicas internacionales a las que el Estado peruano está adscrito.
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