Entre sus disposiciones, la estricta legislación limita los servicios sociales para inmigrantes sin papeles, invalida sus licencias de conducir emitidas por otros estados y obliga a los hospitales que reciben fondos federales a indagar antes sobre el estatus de un paciente en relación a su ciudadanía.
También bajo la nueva norma, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, si un individuo transporta a Florida a alguien con una situación migratoria irregular sin que sus datos hayan sido “inspeccionados” por las autoridades, podría ser acusado de un delito grave de contrabando de personas.
No obstante, las regulaciones que más preocupación suscitan, tanto para las compañías como para los inmigrantes indocumentados, son la serie de sanciones para quienes violen los nuevos mandatos laborales que, según sus críticos, podría costarle al estado miles de millones de dólares en ingresos perdidos.
Para tomar medidas enérgicas contra las empresas que contratan indocumentados, la norma denominada SB 1718 requerirá que los empleadores privados con 25 o más trabajadores, y necesitados de contratar a otros nuevos, usen E-Verify, la base de datos federal diseñada para comprobar si alguien es elegible para laborar en Estados Unidos.
Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Immigration Coalition (Coalición Americana de Inmigración Empresarial), estimó que el cambio probablemente tendrá un impacto significativo en los sectores de agricultura, construcción y hotelería de ese estado.
“Estos son sectores en los que los indocumentados constituyen la gran mayoría de los trabajadores, y no permitir que las empresas puedan utilizarlos tendrá un gran impacto en nuestra economía y su capacidad para crear empleos”, aseguró el entendido en declaraciones al Servicio de Radiodifusión Pública.
Asimismo, el Instituto de Políticas de Florida, un grupo de investigación sin fines de lucro, estima que sin inmigrantes, las industrias que más demandan mano de obra del estado “perderían el 10 por ciento de su fuerza laboral y los salarios que aportan junto con ellos”.
Eso podría conducir a una caída de 12,6 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto en un solo año para la región, alrededor del uno por ciento lo que, a su vez, limitaría el poder adquisitivo de los obreros y reduciría los ingresos fiscales estatales y locales, calculó.
Añadió el medio informativo que ha habido una ola de videos en las redes sociales que muestran imágenes de sitios de construcción vacantes y campos de frutas y verduras donde las cosechas permanecen sin recoger mientras se pudren, tras la huida de la mano de obra temerosa de la aplicación de los nuevos requisitos laborales.
Según el Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios de Washington D.C., existen cerca de 772 mil migrantes indocumentados que actualmente residen en Florida.
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