La publicación tuvo acceso al testimonio presentado al fiscal Ernesto Rojas por el policía Javier Rivadeneira, quien integró un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, enviado de Lima a Juliaca, en la región surandina de Puno, ante las grandes movilizaciones opositoras.
Indicó que, para esa misión, cada uno de los agentes fue dotado de un fusil de asalto calibre 7,62, con cuatro depositos con un total de 120 proyectiles, provisión como para una guerra, según el semanario.
El testigo señaló que el grupo a su cargo estuvo a punto de ser rebasado por manifestantes que intentaban tomar el aeropuerto de Juliaca, a los que contuvo disparando al suelo, sin muertos ni heridos.
La declaración se sumó a la revelación, en febrero pasado, por el diario La República, de las autopsias de los 18 caídos en Juliaca, víctimas de impactos frontales de proyectiles de fusil.
Entre diciembre y marzo últimos, las protestas registraron, según el conteo de la Defensoría del Pueblo, 49 muertos en disturbios, un policía linchado en un incidente ajeno a las manifestaciones, y seis militares ahogados al cruzar un río.
La cuenta incluye 11 civiles ajenos al conflicto fallecidos en accidentes y otras circunstancias.
La presidenta Dina Boluarte, cuyo ascenso a cargo en reemplazo del mandatario Pedro Castillo generó las protestas, sostiene que, pese a ser constitucionalmente jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía, no tiene responsabilidad operativa sobre las acciones de los uniformados.
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