Los principales funcionarios del Departamento de Justicia que fueron confirmados por el Senado en los últimos meses establecieron un compromiso renovado para hacer cumplir las protecciones del derecho al voto y abordar la violencia policial en todo el país, revitalizando las herramientas legales que, según los críticos, fueron subutilizadas durante la era Trump, añade el texto.
Pero la resistencia del Partido Republicano ante la presión de los líderes de derechos civiles y funcionarios de la administración Biden, genera preocupaciones de que el trabajo sobre el tema se politizará cada vez más.
La semana pasada, el Senado confirmó por estrecho margen a Kristen Clarke, candidata de Biden para dirigir la división que atiende ese asunto en el Departamento de Justicia, y quien es la primera mujer negra en ese puesto.
Según The Hill, esta funcionaria tendrá que sortear los desafíos que enfrenta su oficina en medio de la creciente tensión política sobre los derechos electorales y la reforma policial.
Los legisladores republicanos se opusieron duramente a su confirmación y la describieron como una extremista radical anti-policial, incluso cuando obtuvo el respaldo de grupos vinculados a las fuerzas y figuras conservadoras.
Hasta ahora, el Departamento de Justicia adoptó apenas un puñado de acciones en el ámbito de los derechos civiles, por lo que es difícil para los observadores discernir cuán agresivo será, en el tema.
Por otra parte, un desafío importante que tiene ante sí el jefe de la Casa Blanca es actuar frente a las acciones de los republicanos para limitar el derecho al voto en una veintena de estados.
Tras los comicios del 3 de noviembre de 2020, en los que Biden venció al aspirante a la reelección, Donald Trump, legisladores del partido rojo comenzaron a presentar proyectos destinados obstaculizar el acceso al sufragio a quienes tienden a apoyar a los demócratas.
El caso más reciente ocurrió la víspera, cuando el senado de Texas aprobó en la un proyecto de ley con diversas disposiciones que reducen las posibilidades de votar a amplios sectores de la población.
A finales de marzo pasado, el gobernador de Georgia, Brian Porter Kemp (republicano), firmó una legislación que restringe el acceso al voto en el territorio, al introducir requisitos más rígidos de identificación de votantes para el sufragio en ausencia, entre otras disposiciones.
En toda la nación norteña se introdujeron en los últimos meses más de 250 proyectos de ley en 43 de los 50 estados, para restringir el acceso a las urnas y afectan de manera desproporcionada a las minorías y a los votantes de bajos ingresos.
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