“Nuestra autoridad superior ha ordenado el cambio del total de los servidores policiales que prestaban servicios en Viru Viru”, aseguró el jerarca de esta fuerza del orden.
Álvarez afirmó que en ese objetivo no solo presta servicios la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), sino también a partir de la definición de las áreas aeroportuarias allí operan efectivos de Interpol y otros agentes policiales.
Consecuentemente, comentó el general ante medios de prensa, “se está relevando a más de 100 servidores públicos policiales”.
El cuerpo armado tomó esta determinación después que se develó que el 11 de febrero del año en curso salieron desde Viru Viru 478 kilogramos de cocaína, los cuales fueron descubiertos en una bodega de la terminal aeroportuaria de Barajas, Madrid, España.
Las autoridades españolas, sin embrago, no informaron a la parte boliviana hasta el 30 de mayo.
Iniciadas las pesquisas, se comprobó que en febrero salió de Viru Viru una aeronave de la empresa Wamos Air, subcontratada por Boliviana de Aviación (BoA), para trasladar un cargamento comercial hacia el país europeo.
Sin embargo, en el interior de ese avión llegó a España más de media tonelada de la sustancia prohibida.
Como parte de las investigaciones, hasta el momento ya resultaron aprehendidas 12 personas, entre ellas exfuncionarios de la estatal BoA, la Aduana; estibadores, directivos de la empresa courier José María; un capitán jefe de la escuadra de canes del aeropuerto y hasta un juez, detenido en la madrugada de este viernes.
Álvarez explicó en conferencia de prensa que la Inspectoría General de la Policía activó de oficio las pesquisas para determinar las posibles responsabilidades de los efectivos del orden que operaban en Viru Viru en la fecha en que partió el cargamento.
Aseveró que el proceso está en plena investigación y ya se tomó contacto con la Policía de España para intercambiar información que podría ayudar al esclarecimiento de los hechos.
Subrayó, además, que el proceso permanece en reserva para no perjudicar las acciones investigativas.
Sostuvo el general que, en caso de encontrar responsabilidades, los comisores de delitos serán juzgados bajo la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.
Al respecto, precisó que las sanciones que podrían enfrentar los culpables van desde la baja definitiva hasta el arresto.
Instó, sin embargo, a esperar los resultados de las investigaciones.
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