Una nota entregada a Prensa Latina por la Cancillería afirma que esa disposición también fue comunicada al embajador boliviano en Perú, Carlos Aparicio, quien dará a conocer oficialmente el repliegue por las vías correspondientes.
“Como respuesta a esta instrucción mediante una nota, la cónsul Patty anunció que acatará de manera inmediata la instrucción de la Cancillería boliviana para volver al país en próximas horas”, agrega el escrito.
La decisión de la diplomacia boliviana fue asumida después de que este lunes la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, informó que el Gobierno de su país rechazó la designación de la cónsul de Bolivia en Puno, por lo cual solicitó su retiro.
Gervasi expresó que, mediante una nota de fecha 6 de junio, se comunicó a la Embajada de Bolivia que Patty no podía ejercer funciones en Perú porque su designación no había sido admitida por el Órgano Ejecutivo de ese país.
Durante su intervención ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, la ministra explicó que la Embajada de Bolivia en Lima informó el 29 de mayo sobre el nombramiento de Patty como cónsul en Puno, quien a su vez ingresó al Perú el 31 de mayo y cumple funciones consulares desde el pasado 1 de junio.
“Si bien no hay ninguna disposición en la Convención de Viena que impida el arribo de la encargada de la oficina consular, el Estado que envía (a su cónsul), debe informar al Estado receptor sobre esta designación”, comentó, según la agencia Andina.
La vicetitular de Gestión Consular e Institucional del país altiplánico, Eva Chuquimia, por su parte, aclaró en un tuit que “no compartimos la decisión de la Cancillería de Perú, en relación a la acreditación de la hermana Lidia Patty, designada como Cónsul de Bolivia en Puno”.
Advirtió que el Estado Plurinacional de Bolivia actuará siempre “en el marco del Derecho Internacional”.
La exdiputada Patty interpuso en 2020 una demanda penal contra los promotores de las revueltas que desembocaron en noviembre de 2019 en la renuncia del expresidente Evo Morales y dieron lugar posteriormente a masacres como las de Sacaba, Senkata y El Pedregal, con saldo de 38 muertes.
En este caso conocido como Golpe de Estado I, se investiga por terrorismo, principalmente, a seis personas: la expresidenta del gobierno de facto Jeanine Áñez; los exministros Arturo Murillo, Yerko Martín Núñez y Luis Fernando López; además de Luis Fernando Camacho y su padre, José Luis Camacho.
Áñez y Luis Fernando Camacho son los principales acusados en este expediente, y por eso guardan prisión preventiva.
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