“Hemos identificado alrededor de 27 rutas ilegales, las mismas van a ser controladas. Estamos tomando una especial atención a estos pasos para frenar (el contrabando)”, afirmó Vargas al referirse al trasiego ilegal de mercaderías hacia Perú.
Describió en entrevista a la Cadena A que esos canales delictivos reconocidos incluyen las localidades de Puerto Acosta, Lacaya, Chaguaya y el estrecho de Tiquina, entre otros.
Explicó Vargas que se tomarán acciones más drásticas para evitar la fuga de combustibles, alimentos y otros productos subvencionados por el Estado boliviano.
Desde el punto de vista legal, enfatizó en que las acciones de interdicción y lucha frente al contrabando son ejecutadas sobre la base del artículo 244 de la Constitución Política del Estado, así como del artículo dos de la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.
La víspera, alrededor de 200 militares inhabilitaron el muelle clandestino denominado “La Carroñera”, con más de 140 metros de largo y cinco de ancho, emplazado en la ribera del río Desaguadero, entre Bolivia y Perú.
Este embarcadero fue construido por comunarios de la zona en 2021, durante la pandemia de COVID-19, y desde entonces operaba con barcazas bolivianas y peruanas.
Tras varios análisis del tema con las autoridades territoriales y los comunarios, el Gobierno nacional logró inhabilitar esta infraestructura empleada por contrabandistas.
Fueron cavadas zanjas profundas para evitar que vehículos de alto tonelaje, buses y otros medios de transporte circulen por esta vía, y no se descarta introducir maquinaria pesada para destruir la plataforma ilegal, se informó.
Vargas expresó que su Viceministerio y las Fuerzas Armadas ejecutaron esta primera acción contundente para precautelar la economía del país.
Por su parte, en el contexto del Plan Sur, la Aduana Nacional descubrió 24 toneladas de ropa usada, ocultas en dos camiones, el primer cargamento camuflado debajo de ladrillos y el segundo bajo cajas de madera, informó la gerente regional de la institución, Karina Velázquez.
La experta cifró en 351 mil bolivianos (unos 50 mil dólares) el valor de estas mercaderías procedentes de Argentina e intervenidas en rutas alternas de Tarija.
Velázquez comentó que este modus operandi es nuevo, pero fue detectado por el personal aduanero.
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